Ciudad de México. Menos de 5 por ciento de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos logran acceder a los beneficios del sistema de pensiones de Canadá, a pesar de realizar las contribuciones legales correspondientes durante sus periodos laborales.
Esta brecha en la justicia social se deriva principalmente del desconocimiento de los procesos administrativos y la falta de orientación y fue uno de los puntos críticos denunciados durante el encuentro entre legisladores de la 66 Legislatura y directivos del sindicato canadiense United Food and Commercial Workers (UFCW) en la Cámara de Diputados.
Durante la mesa de trabajo, el sindicato —que representa a más de 1.2 millones de trabajadores en Norteamérica— advirtió que, si bien la migración a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PETA) es un modelo de movilidad ordenada, persisten condiciones de vulnerabilidad que requieren atención institucional urgente.
Pablo Godoy, representante de la organización, reveló que han logrado recuperar más de 50 millones de dólares en beneficios sociales para trabajadores migrantes, pero subrayó que la mayoría de los jornaleros ignora que tiene derecho a reembolsos de impuestos y compensaciones por jubilación.
La diputada Nadia Sepúlveda García, (Morena, Jalisco, RP) organizadora del foro, destacó que para el cierre de 2025 se espera que más de 25 mil mexicanos se empleen en el sector agrícola canadiense, para cubrir más de la mitad de la producción agroalimentaria de aquel país.
Ante esta dependencia, los legisladores y el sindicato acordaron impulsar un programa de certificación de competencias laborales junto a SEP-CONOCER, con el fin de que los trabajadores regresen a sus comunidades con documentos que avalen sus conocimientos técnicos y faciliten su reintegración económica.
En el debate parlamentario, los diputados señalaron la necesidad de endurecer la supervisión de los empleadores canadienses para evitar abusos.
Se citaron informes internacionales que califican ciertas prácticas en las granjas como formas de explotación extrema, por lo que la UFCW ofreció su red de 25 oficinas de apoyo en Canadá para gestionar “visas abiertas” que permitan a las víctimas de maltrato cambiar de empleador sin perder su estatus legal.
Finalmente, los participantes propusieron llevar la capacitación sobre derechos laborales directamente a los estados y municipios de origen con mayor índice de migración, como Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.
El objetivo es asegurar que cada jornalero parta con información clara sobre dónde denunciar abusos y cómo reclamar sus derechos financieros, a fin de garantizar que el trabajo en el extranjero sea un motor de desarrollo y no una fuente de precariedad.
He trabajado para el periodismo con compromiso y constancia desde que dejé las aulas universitarias, a las que vuelvo de vez en cuando, no tanto como quisiera. El medio impreso unomásuno me formó en el orden, rigor y escrúpulo de esta labor tan noble y enriquecedora.
