El operativo en la Sierra Tarahumara, que resultó en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios de metanfetaminas más grandes del país, ha desatado una intensa controversia política debido a la presencia, y posterior fallecimiento en un accidente, de agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, en el estado de Chihuahua.
A más de una semana del penoso accidente donde perdieron la vida los presuntos agentes de la CIA, sigue siendo tema fundamental de la agenda política de los partidos, el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua que encabeza la panista Maru Campos, quien podría enfrentar un juicio político por la violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Cuando menos, así lo hicieron saber desde la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, misma que solicitó al Senado de la República realizar un juicio político para destituir a la gobernadora de Chihuahua por presuntas violaciones a la Constitución y “actos de traición a la patria”.
La gobernadora de Chihuahua tendría que poner sus barbas a remojar, porque si bien podría tener la defensa de que su estado es soberano y sólo tendría que responder ante el Congreso local, como fue el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cebeza de Vaca, quien pudo mantenerse en el puesto gracias a la determinación de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN),
Sin embargo, hay que recordar que en el caso de Tamaulipas, la SCJN tenía otros miembros más allegados a los intereses del prianismo, pero actualmente, la gobernadora de Chihuahua tendría que enfrentar a ministros más cercanos a la 4T que seguramente no se tentarían el corazón para determinar la procedencia del juicio político.
Por ello la comentocracia y de la oposición, particularmente del Partido de Acción Nacional (PAN) ya salieron a defender a la gobernadora chihuahuense con el argumento de que no significó ningún “intervencionismo”, la decisión de la mandataria estatal de permitir la acción de agentes extranjeros en el mencionado operativo realizado en la Sierra Tarahumara, incluso justifican la decisión del gobierno estatal porque en la lucha contra el narcotráfico, desde su punto de vista, no hay fronteras.
Sin embargo, dejan de lado la fragrante violación a la Ley de Seguridad Nacional que establece un marco muy estricto para la presencia y actividades de funcionarios de otros países en territorio nacional, dejándose muy claro que los agentes extranjeros (definidos como funcionarios que en sus países de origen tienen funciones de seguridad, policía o inspección) deben estar debidamente acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para ello, es indispensable contar con el dictamen previo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, la legislación es muy clara pues establece que la seguridad pública y el ejercicio de la autoridad son soberanos. Por lo tanto, los agentes extranjeros actúan únicamente como enlaces para el intercambio de información y asesoría técnica, quedando estrictamente prohibido que realicen investigaciones u operaciones de campo o detenciones por cuenta propia.
Las autoridades de la entidad norteña sabían que estaban contraviniendo la Ley de Seguridad Nacional, tan es así que intentaron camuflajear a los presuntos agentes de la CIA, con uniformes de policías estatales, lo que al parecer pasó desapercibido para la gobernadora Maru Campos que anunció la creación de una fiscalía especial para que investigara el caso.
Aunque como lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, “realmente no se requerirían tantas Unidades de Investigación. O fue la Fiscalía de Justicia o fue el secretario de Seguridad local o de plano fue el gobierno estatal, no hay de otra, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”.
La comentocracia y los partidos políticos de oposición han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa política-electoral, ya que no hay que olvidar que en el 2027 se renovará la gubernatura en Chihuahua, pero como lo dejó claro la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera, a ella le corresponde la defensa del pueblo de México en primer lugar, y al mismo tiempo le corresponde resguardar la soberanía nacional, que entre otras cosas quiere decir, que se cumpla y se respeten nuestras leyes.
Pero ahora Jorge Romero, dirigente del PAN quiere politizar este asunto y dice que el gobierno federal no quiere reconocer los avances en seguridad en Chihuahua, donde desafortunadamente por un accidente se descubrió la participación de dos agentes estadounidenses, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, lo que, según el panista, no configura “intervencionismo ilegal”, ni que se haya violado la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, al mismo tiempo Romero Herrera quiere lavarse las manos, bajo el supuesto de que ellos no aprobarían la intervención de Estados Unidos y que creen en la cooperación internacional: “jamás hemos dicho que estamos a favor (de la intervención), jamás lo haremos”, lanza a toda garganta, cuando le falla la memoria para recordar que el ex presidente Felipe Calderón dejó que agentes de la CIA y la DEA se movieran en territorio nacional como Pedro por su casa durante su sexenio.
La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió al panista que su gobierno no politiza la seguridad pública, tan es así que cada mes se informa sobre los resultados y avances que hay en materia de seguridad pública, sin importar si se trata de Chihuahua o Querétaro o Aguascalientes gobernados por el PAN, tal como se hace también con los estados gobernados el PRI, como son los casos de Durango y Coahuila; o de MC en el caso de Nuevo León y de Jalisco.
“Nosotros no politizamos la seguridad. No politizamos la relación con los gobiernos de los estados, nunca, porque nuestra obligación es coordinarnos. Y tanto ellos gobiernan para sus estados como nosotros también” aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin duda, insistió la presidenta Sheinbaum, “todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México en cualquier entidad de la República. Cuando menos eso es lo que tenemos que defender, abundó, que todos los estados de la República, todos los municipios, sean muy estrictos en el cumplimiento de la defensa y respeto de la soberanía, y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues eso es el Estado de derecho”.
La mandataria no se ha cansado de decir que los límites de la cooperación son muy claros, de tal manera que “no puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo”. Ha aclarado que la cooperación con el gobierno estadounidense es bienvenida y necesaria, pero debe limitarse estrictamente al trabajo de inteligencia, intercambio de información y asistencia técnica, sin que esto implique una subordinación o una violación a la soberanía nacional.
Es de destacarse que, pese a la gravedad del asunto, Sheinbaum ha enfatizado que su administración no busca escalar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos. Mantiene que se busca tener una relación seria, respetuosa y buena con el país vecino, reiterando que “el país vecino tiene que respetarnos, igual que lo respetamos nosotros”.
En sus recientes intervenciones, la presidenta ha insistido en que “ante el intervencionismo, la patria se defiende”, marcando una línea divisoria clara entre la cooperación institucional y lo que considera una violación inadmisible a los principios de soberanía nacional.
Periodista considerado obrero de la tecla, identificado con la izquierda mexicana y apoyador de la 4T
