Ciudad de México. Durante la decimocuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, se presentaron los resultados del “Informe 2025 sobre la situación de personas migrantes en Canadá”, los cuales revelan una preocupante falla estructural en los modelos de movilidad laboral que afecta a miles de connacionales.
En su exposición ante los legisladores, el representante Octavio Nava Manrique ofreció una radiografía detallada sobre la realidad que enfrentan los jornaleros en el norte.
La investigación subraya que el sistema canadiense ha derivado en un modelo basado en el control excesivo por parte del empleador, lo que genera una vulnerabilidad de facto para los trabajadores mexicanos y aleja al país de los compromisos de “trabajo decente” establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en lo relativo a la libertad sindical y la protección contra la explotación.
Uno de los puntos más críticos del informe describe un desfasamiento alarmante en las cifras de trabajadores.
Mientras que el programa oficial (PTAT) registra a 28 mil personas, el universo real de mexicanos laborando en Canadá bajo diversas modalidades alcanza los 80 mil trabajadores.
Esta brecha dificulta las tareas de protección, sobre todo ante una red consular que se ha visto superada; el informe advierte que solo en la provincia de Ontario existen 7 mil granjas, una cifra que, bajo el ritmo actual de inspección, requeriría de hasta diez años para ser cubierta en su totalidad por las autoridades mexicanas.
Organización laboral
Pese a este panorama de desprotección institucional, el documento resalta hitos de organización colectiva.
Como respuesta a condiciones laborales calificadas como “límite”, se reportó la reciente sindicalización de cuatro unidades de producción de champiñones en la Columbia Británica, un hecho histórico para la mano de obra mexicana.
El informe concluye enfatizando la necesidad de transitar hacia un modelo de movilidad informada que garantice que los jornaleros, quienes son esenciales para la seguridad alimentaria de Canadá, cuenten con certificaciones de salud y derechos plenos al momento de su retorno a México.
Ante la gravedad de estos hallazgos, la Comisión de Asuntos Migratorios acordó integrar estas denuncias en una tarjeta técnica para la próxima reunión bilateral con el Parlamento canadiense.
El objetivo será identificar colisiones normativas que vulneren derechos bajo el marco del TMEC y organizar visitas técnicas de legisladores a las provincias de Ontario y Quebec para verificar directamente la situación en los campos agrícolas.
Durante la sesión, se destacó que por iniciativa de la legisladora Roselía Suárez, se presentó un punto de acuerdo que exhorta formalmente a las secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social a permitir la participación del sindicato de trabajadores en la reunión anual de evaluación del programa de trabajadores agrícolas temporales.
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