La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 396 votos a favor, un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior.
Las modificaciones legales tienen el objetivo de crear un certificado laboral para la agroexportación y fortalecer la protección de los ecosistemas forestales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, fue turnada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y establece nuevas obligaciones para las empresas agroexportadoras, vinculadas al cumplimiento de derechos laborales con la posibilidad de acceder a mercados internacionales.
El dictamen incorpora el Artículo 283 Quáter a la Ley Federal del Trabajo, mediante el que se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para expedir certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, conforme a disposiciones que emitirán las autoridades competentes.
Asimismo, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para permitir que la STPyS emita certificaciones bajo la normativa aplicable, mientras que en la Ley de Comercio Exterior se establecen medidas de regulación y restricciones no arancelarias a la exportación cuando exista riesgo de deforestación o cambio de uso de suelo sin autorización.
De acuerdo con el régimen transitorio, la Secretaría del Trabajo contará con un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir las disposiciones generales que definan los procedimientos del nuevo certificado. Además, se precisa que su puesta en práctica no implicará recursos adicionales, ya que se realizará con el presupuesto existente.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que se recibieron propuestas de modificación al dictamen, mismas que serán publicadas en el Diario de los Debates.
Un sistema para garantizar trabajo digno y sustentabilidad
Al presentar el dictamen, la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado destacó que el certificado laboral para la agroexportación será un mecanismo verificable que garantizará que los productos agrícolas destinados a mercados internacionales se produzcan bajo condiciones laborales dignas y sin afectar los ecosistemas forestales.
Subrayó que este instrumento permitirá vincular las exportaciones con el registro formal de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), promoviendo la formalización laboral en un sector donde aproximadamente 4.6 millones de personas carecen de seguridad social, frente a apenas 763 mil trabajadores asegurados.
La legisladora explicó que el certificado será un requisito indispensable para las empresas agroexportadoras, quienes deberán demostrar el cumplimiento de normativas laborales, incluyendo contratación formal, acceso a seguridad social y condiciones dignas de trabajo.
Además, resaltó que la medida permitirá alinear al sector agrícola con estándares nacionales e internacionales, particularmente los derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incorporando criterios de trazabilidad laboral y ambiental.
Impacto económico y social
Desde Morena, la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez señaló que esta reforma forma parte del llamado “Plan México”, una estrategia orientada a fortalecer el crecimiento económico, impulsar a las empresas nacionales y ampliar los derechos laborales bajo un enfoque de sustentabilidad.
Por su parte, la diputada Genoveva Huerta Villegas destacó que el desarrollo económico no debe estar reñido con la dignidad laboral ni con la protección ambiental, al considerar que el dictamen contribuye a saldar una deuda histórica con los trabajadores del campo.
En el mismo sentido, la legisladora Gabriela Benavides Cobos subrayó que la reforma vincula por primera vez la exportación agrícola con certificaciones laborales y ambientales verificables, en un contexto donde México supera los 50 mil millones de dólares en exportaciones agroalimentarias, pero mantiene condiciones precarias para muchos jornaleros.
Formalización laboral y retos pendientes
La diputada Margarita García García enfatizó que la reforma permitirá que los trabajadores del campo accedan a seguridad social y servicios de salud, mediante una plataforma que facilitará la obtención del certificado.
No obstante, desde la oposición, el diputado Víctor Samuel Palma César advirtió que será necesario establecer mecanismos de transición e incentivos para que pequeñas y medianas empresas puedan cumplir con los nuevos requisitos, además de fortalecer la inspección laboral.
Finalmente, la diputada Patricia Mercado Castro señaló que la reforma representa un avance importante, aunque recordó que actualmente nueve de cada diez jornaleros trabajan sin contrato, prestaciones ni seguridad social, lo que evidencia la urgencia de transformar las condiciones laborales en el campo mexicano.
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