La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa un avance en el reconocimiento formal de la autonomía y el pluralismo jurídico; sin embargo, desde la sociología decolonial persiste una contradicción estructural. Aunque la iniciativa proclama una relación de igualdad entre el derecho estatal y los sistemas normativos indígenas, mantiene al Estado como autoridad última para interpretar, coordinar y resolver los conflictos jurídicos. En consecuencia, el pluralismo que promueve continúa siendo asimétrico, pues la inclusión del derecho indígena permanece condicionada por la lógica del Estado-nación y del derecho positivo.