Si bien la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIyA), impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en junio de 2026, habría constituido un hito normativo en coyunturas históricas precedentes —periodo en el cual el reconocimiento estatal delimitaba el horizonte de reivindicación—, su lectura desde la sociología decolonial evidencia una contradicción estructural inconmensurable. En efecto, el texto exhibe una fractura analítica entre la retórica de horizontalidad que enarbola y la matriz del derecho positivo estatal que condiciona su vigencia.
Sin embargo, leído desde la teoría de la sociología decolonial, el documento revela una tensión estructural entre su retórica de horizontalidad y la arquitectura jurídica estatal del derecho positivo que la sostiene.
Este documento propone una iniciativa de Ley que promete redistribuir el poder, pero lo hace desde un marco que preserva los fundamentos coloniales del Estado-nación moderno.
Bajo esta tesitura, el documento propone en su Artículo 8º un pluralismo jurídico basado en la coexistencia de sistemas normativos «en igualdad de condiciones», mientras que el Artículo 4º insiste en una coordinación entre el orden estatal y los sistemas normativos indígenas «en un marco de igualdad».
Por ello, esta igualdad proclamada en el concepto jurídico resulta ser una definición más declarativa que material. El propio Artículo 8º atribuye a «esta Ley» —es decir, al Estado— la facultad de definir las reglas de coordinación, resolver contradicciones normativas y llenar lagunas.
En otras palabras, el Estado se reserva el papel de árbitro último de un pluralismo que se anuncia horizontal, pero que se ejecuta desde una jerarquía jurídica vertical profundamente arraigada.
Esto no es un accidente técnico, es la colonialidad del poder operando por inclusión condicionada. El derecho indígena se reconoce, sí, pero su validez queda mediada por criterios de armonización definidos unilateralmente por el sistema receptor, el Estado mexicano, su cultura jurídica y su aparato institucional.
Reconoce el Estado el pluralismo jurídico indígena, pero se mantiene como autoridad última
La inclusión se convierte en una forma sofisticada de control, donde la autonomía se administra desde arriba y la diferencia se regula para que no desborde los límites del orden estatal.
La asimetría se profundiza en el Artículo 9º, que subordina la interpretación de toda la Ley a la Constitución Federal y a los tratados internacionales como marco de referencia final. Esta cláusula reafirma que, en caso de tensión, la última palabra no la tendrá la comunidad ni el derecho indígena, sino el Estado y su aparato hermenéutico.
Las cláusulas «pro comunidad» del Artículo 6º (fracción XIII) y los criterios interpretativos del Artículo 7º, que ordenan optar por la «norma más garantista», constituyen salvaguardas relevantes, pero no alteran la estructura de fondo.
En la práctica, se delega en autoridades estatales —como jueces, ministerios públicos y el propio Instituto— la facultad de determinar qué cuenta como «más protector». Esto reproduce lo que Boaventura de Sousa Santos denominó «la monocultura del saber jurídico dominante», dado que el derecho indígena es sólo válido en la medida en que las categorías del derecho positivo logren traducirlo, clasificaro y legibilizarlo.
Desde la perspectiva de Bourdieu, este fenómeno evidencia la persistencia del monopolio estatal sobre la violencia simbólica clasificatoria; el Estado detenta la prerrogativa de delimitar la validez de los sistemas normativos indígenas, fijar el umbral de su propia intervención (Artículo 7º) y condicionar el ejercicio de la autonomía frente al interés social o el orden público invocados en el Artículo 1º.
Si bien el texto reconoce formalmente la autonomía, en la práctica la administra, aparenta ampliarla, mas la condiciona; e ilusoriamente la celebra, aunque de facto la restringe. En síntesis, lejos de instituitr una paridad normativa plena entre órdenes jurídicos, la propuesta articula un pluralismo jurídico de alta intensidad, pero estructuralmente asimétrico.
Es cierto, se amplía el reconocimiento de la autonomía indígena y afromexicana respecto del marco anterior, pero persiste la matriz de subordinación que la teoría decolonial identifica como constitutiva del Estado-nación moderno. El resultado es un pluralismo jurídico que habilita espacios normativos sin renunciar al control centralizado de la soberanía
