Ciudad de México. El Gobierno de México emitió ayer la convocatoria oficial para el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Con la presencia en el salón Tesorería de Palacio Nacional de los integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas se activó este mecanismo nacional de diálogo horizontal y abierto que busca recabar las opiniones, sugerencias y planteamientos de las comunidades originarias del país.
El ejercicio de participación democrática se fundamenta en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con el objetivo de reglamentar y hacer efectivos los derechos colectivos, la autonomía, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos plenamente como sujetos de derecho público.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde explicó que la conducción del proceso está a cargo del Poder Ejecutivo Federal, de manera conjunta a través de la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que funge como el órgano técnico normativo.
Para garantizar la legalidad, el rigor metodológico y el respeto a los derechos humanos, la consulta contará con el acompañamiento de comisiones del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de observadora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas instancias internacionales especializadas de la Organización de las Naciones Unidas.
El diseño de la iniciativa integra además las conclusiones de los foros previos realizados en 2019 y 2021, y fue validado unánimemente por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas tras las aportaciones de un comité técnico de especialistas.
El despliegue de la consulta se estructuró en cinco fases consecutivas que inician formalmente con la publicación del protocolo y comprenden una etapa informativa, una deliberativa interna en las comunidades, la captación de propuestas y una fase final de implementación y seguimiento.
La fase informativa operará desde el primero de julio hasta el seis de agosto de este año, periodo en el cual las autoridades responsables realizarán visitas domiciliarias y comunitarias directas para distribuir la convocatoria, el protocolo y un cuadernillo explicativo de la ley.
Posteriormente, del siete de agosto al trece de septiembre, se llevarán a cabo ochenta y dos asambleas regionales de consulta distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, lo que permitirá congregar a los setenta pueblos indígenas y afromexicanos en sedes cercanas a sus identidades geográficas y culturales.
La propuesta de ordenamiento legal sometida a escrutinio se compone de un apartado de disposiciones preliminares, ocho libros especializados y un régimen transitorio que desarrollan de manera integral el pluralismo jurídico y la interculturalidad.
El cuerpo de la norma regula la constitución de las comunidades como sujetos de derecho público, los alcances de su libre determinación, los derechos específicos de la población afromexicana, y la protección prioritaria de mujeres, niñez, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Asimismo, la estructura define el procedimiento permanente para futuras consultas y consentimientos informados, delimita la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno y establece las responsabilidades, sanciones y el juicio de amparo indígena para sancionar los agravios cometidos contra estos pueblos.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
