Ciudad de México. El diputado local morenista Juan Estuardo Rubio Gualito presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma para modificar los criterios de asignación de la Diputación Migrante, una propuesta que ha desatado un firme rechazo entre colectivos de la diáspora por considerarla un intento de desmantelamiento de su representación política.
El proyecto de decreto, que busca adicionar el Artículo 20 Bis al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, fue inscrito en la Gaceta Oficial e introducido formalmente el pasado 10 de junio de 2026, y turnado a la Comisión de Asuntos Político-Electorales una semana después para su análisis y dictamen.
El legislador oficialista impulsa este cambio bajo una lógica de control proporcional de las estructuras de votación, argumentando la necesidad de uniformar las reglas de asignación en la capital. La reforma impacta de manera directa el esquema actual de la Diputación Migrante, figura amparada originalmente en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
El promovente Rubio Gualito es legislador por el Distrito 22 de Iztapalapa, quien cuenta con una trayectoria ligada al gremio de limpia capitalino y a los movimientos laborales, funge actualmente como Secretario de la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la CDMX. Su propuesta altera la fórmula vigente para que la asignación de la curul ya no responda de forma exclusiva a los sufragios emitidos desde el extranjero.
La organización binacional Fuerza Migrante y diversos colectivos de la diáspora chilanga manifestaron su preocupación ante lo que consideran un retroceso democrático. Los activistas acusan que el nuevo mecanismo condiciona la designación del diputado a las votaciones que obtengan los partidos políticos dentro de los 33 distritos locales de la capital.
Según los inconformes, esta modificación subordina la autonomía del voto migrante a las maquinarias partidistas en territorio nacional y les resta representación directa ante el legislativo local. Por el contrario, la perspectiva de la bancada mayoritaria defiende que la modificación responde a una estrategia para alinear dicha posición a los cálculos globales de distribución en el Congreso.
Los esquemas actuales de representación proporcional directa suelen complicar los techos de asignación de curules y las fórmulas de sub y sobrerrepresentación de los partidos. Con el Artículo 20 Bis, el partido en el poder busca asegurar que la posición refleje fielmente la correlación de fuerzas de la estructura partidista local, evitando de paso la consolidación de enclaves legislativos independientes de las dirigencias.
Las posibilidades de aprobación del proyecto en el pleno son muy altas debido a la composición política de la III Legislatura, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM mantienen el control mayoritario.
Al tratarse de una reforma a una ley secundaria y no de un cambio constitucional, no se requiere una mayoría calificada de dos tercios, por lo que bastará el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes. Asimismo, la cercanía con los periodos de ajuste previos al inicio formal del próximo ciclo electoral suele acelerar el procesamiento de este tipo de iniciativas de consenso interno.
A pesar de la inminente aprobación en el recinto legislativo debido al peso numérico del oficialismo, la aplicación definitiva de la reforma podría verse frenada en el plano judicial.
Colectivos de migrantes en el extranjero ya cuentan con el antecedente de haber revertido un intento de derogación de esta misma figura en el año 2020. En aquella ocasión, los líderes de la diáspora impugnaron la resolución local ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logrando restituir sus derechos político-electorales bajo el principio de progresividad, un escenario de litigio que analistas y activistas prevén que se repetirá en los próximos meses.
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