Aduanas mexicanas, la realidad del trato desigual a ciudadanos y empresarios

Los Ángeles, California. El contraste entre el discurso oficial de bienvenida a los mexicanos en retorno y la cruda realidad que enfrentan al cruzar de la aduana con su menaje y equipaje delinean lo que sin lugar a dudas es para algunos la “Pesadilla Mexicana”.

No queda duda que los trámites aduanales y consulares están marcados por un profundo clasismo institucional, donde el trato recibido en los puntos de entrada parece determinado por el nivel socioeconómico del viajero.

Mientras que el ciudadano con recursos transita con una libertad que las autoridades no cuestionan, el migrante enfrenta un acoso sistemático que convierte sus vacaciones en un martirio.

Esta dualidad se manifiesta con fuerza en las garitas terrestres y aeropuertos.

Testimonios como el de María Clara Juárez Trujillo revelan una realidad de inspecciones redundantes y arbitrarias; pues a pesar de haber superado revisiones en la frontera, experimentaron detenciones en puntos de revisión en carreteras donde su palabra carece de valor frente a la autoridad.

La experiencia de Juárez subraya un patrón de acoso: amenazas de cárcel, extorsiones de hasta 2 mil 500 dólares por supuestas infracciones y una revisión inquisitiva sobre el equipaje personal.

En los aeropuertos, la situación no es distinta; mediante el uso de tecnología, los agentes rastrean etiquetas y marcas para imponer pago de cuotas a los connacionales, bajo el pretexto del cobro de impuestos por bienes usados como si fueran nuevos.

En este escenario, la extorsión se ha normalizado a tal grado que el pago de cuotas ilegales, puede bajar de miles a cientos de dólares tras una “negociación”, que se percibe como vía normalizada para ingresar a territorio nacional con la integridad de sus pertenencias.

A esta situación se suman voces como las de Carolina Juárez, quien denunció que esta “aduana paralela” opera al margen del discurso oficial y pareciera un gobierno paralelo que actúa con sus propias reglas y contrarias a lo que la presidenta de México dice, criminalizando el patrimonio de quienes regresan tras décadas de trabajo.

Mientras, Zita Pérez, mexicana radicada en Florida, denuncia las denostaciones y las negaciones de servicios públicos a gente que llega de visita a su tierra natal, Hidalgo.

La habitante de Tijuana Lilia Alemán Ramos y el maestro Rodolfo Sánchez Mena, periodista y titular de la Academia de Geoestrategia coincidieron en que el marco institucional de las aduanas es obsoleto para las necesidades de los retornados.

Destacaron que los límites de la franquicia actual, entre 300, 500 y hasta mil dólares en bienes usados que se pueden ingresar a México libres de cargos, dependiendo de la época del año, son insuficientes para proteger las herramientas de trabajo y el menaje de casa.

Desde la perspectiva institucional, Carlos González Gutiérrez, Cónsul General en Los Ángeles, señala que se han realizado esfuerzos por modernizar y facilitar los trámites bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que la implementación del “Menaje Doméstico” gratuito y digital busca permitir que los mexicanos regresen con sus pertenencias y herramientas sin pagar impuestos y sin la necesidad obligatoria de un agente aduanal.

Sin embargo, el funcionario consular admite que el desconocimiento de la ley genera graves problemas: incluir artículos nuevos que excedan los mil dólares que permite la franquicia, o cometer errores en el listado de bienes puede derivar en cargos del 19 por ciento del valor estimado, o en el peor de los casos, el embargo total de la mercancía.

La desprotección alcanza niveles críticos en el tema de vehículos. El cónsul advirtió que la autoridad consular no tiene facultades para intervenir si un auto es decomisado por falta de permiso o por exceder el tiempo de estancia permitido (180 días).

Esta rigidez legal choca con la realidad administrativa que enfrentan los usuarios; Juárez Trujillo relató el caso de un familiar cuya camioneta fue confiscada, enfrentando una “multa de rescate” superior a 200 mil pesos y una nula disposición de ayuda por parte de los supervisores en ventanilla, quienes remiten a los afectados a despachos de abogados aduaneros particulares.