Registro obligatorio de líneas móviles: por qué México se suma a una práctica global de seguridad

El 9 de enero de 2026 México cerró, finalmente. una de las puertas que lo mantenía como una excepción en el mapa mundial de las telecomunicaciones; hasta hace unas semanas, cualquier persona podía activar una línea telefónica de prepago sin presentar identificación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, una regulación que vincula cada línea a una persona física o moral mediante identificación oficial y CURP.

La medida forma parte de la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que garantiza el estado de derecho, una práctica que otros países han resuelto hace ya varios años: detener el uso de tarjetas SIM anónimas, que terminan siendo utilizadas como herramienta para cometer delitos. México era uno de los pocos países donde aún era posible adquirir una línea móvil sin dejar rastro. Al día de hoy, esa excepción se extinguió.

Hay grupos que acusan al gobierno mexicano de autoritario por exigir datos personales para activar una línea prepago, pasando por alto que países de Europa llevan casi dos décadas aplicando la misma norma.

El registro obligatorio de tarjetas SIM (o chips en Mexico), nació de la necesidad de proteger a la ciudadanía frente al terrorismo y la delincuencia organizada y no es una invención mexicana ni una ocurrencia del gobierno de la Cuarta Transformación.

11M, la lección española

El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió el mayor atentado terrorista de su historia: 193 personas murieron y más de 2 mil resultaron heridas. Los terroristas utilizaron tarjetas prepago sin registrar para activar los explosivos. Un año después, en julio de 2005, Londres vivió una tragedia similar con los atentados del 7J.

En octubre de 2007, el Parlamento español aprobó la Ley 25/2007, conocida como la ley de conservación de datos y a partir de entonces, para obtener una tarjeta prepago en España era obligatorio presentar el DNI y registrar nombre, apellidos, dirección y número de teléfono. Las autoridades dieron un plazo de dos años para que los usuarios de los 20 millones de tarjetas en funcionamiento se identificaran o perderían la línea; hay registros que informan que más de 15000 no fueron Identificadas así que las dieron de baja.

La ley no solo afectó a las nuevas tarjetas: también obligó a las operadoras a conservar los datos durante al menos 12 meses y a facilitarlos a la policía en investigaciones de delitos graves. Dos décadas después, el registro de datos para tarjetas prepago es una práctica normalizada en España y la mayoría de los ciudadanos la asume como parte de la convivencia.

Francia: el anonimato, una puerta cerrada

En Francia, la normativa es igualmente clara pues la legislación francesa exige que toda tarjeta SIM adquirida en el país sea registrada en un plazo máximo de 30 días. Si el usuario no completa el registro con información válida y una copia de su documento de identidad o pasaporte, la línea es desactivada. Las empresas de telefonía informan a sus clientes que el registro es obligatorio por ley y tiene fines de seguridad, ya que permite identificar a los usuarios de telefonía móvil. Esta norma lleva años en vigor y ningún grupo de la derecha mexicano la ha calificado de totalitaria.

Italia: identificación desde hace décadas

Italia cuenta con una regulación similar desde hace años. El Decreto Legislativo 259/2003 establece la obligación de las empresas de telefonía de mantener disponibles para el Ministerio del Interior los listados de clientes titulares de contratos prepago y pospago. Las empresas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la adquisición de los datos personales del titular. El anonimato de las SIM prepago o su titularidad ficticia ha sido objeto de sanciones y medidas correctivas.

Otros países europeos

La tendencia es generalizada en Europa. Tras los atentados de Madrid y Londres, la Unión Europea impulsó directivas que los países miembros trasladaron a sus legislaciones. Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y la mayoría de los países europeos exigen la identificación del usuario para activar cualquier línea móvil. La razón es la misma en todos los casos: la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

América Latina ya marcó el camino

Lamentablemente México no es pionero en esta materia. En América Latina, varios países aprobaron regulaciones similares para cerrar el anonimato en las líneas telefónicas, en muchos casos con antelación. Un informe de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que naciones como Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile ya cuentan con controles y registros de usuarios de telefonía móvil .

Los casos de Argentina, Brasil, Panamá y Colombia

Argentina fue un paso adelante. Allí, el registro de líneas celulares, tanto de prepago como de contrato, es obligatorio. Para adquirir un chip de telefonía móvil, las operadoras exigen la presentación del DNI (Documento Nacional de Identidad) vigente, y las compañías, como parte de sus políticas, registran el nombre completo y el número de documento del titular para activar el servicio.

Brasil tiene un sistema igual de riguroso. La venta y activación de tarjetas SIM locales no solo es obligatoria, sino que requiere el CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), el número de identificación fiscal del país. Tanto las líneas prepago como las de pospago deben estar registradas bajo la identidad de una persona física o jurídica.

En Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó a las empresas telefónicas registrar los datos de identidad de quienes adquieran una línea de telefonía prepago y a conservar esa información en línea y en tiempo real. El objetivo es llevar un control de los titulares de todas las líneas móviles.

Colombia también exige que todos los usuarios, incluyendo aquellos con líneas prepago, realicen el registro obligatorio de sus equipos móviles. La normativa obliga a vincular cada línea móvil, nueva o vieja, de prepago o de pospago, bajo el nombre de una persona o una razón social.

Chile: un caso en plena implementación

El caso chileno es el más reciente, a partir del 20 de agosto de 2026, entrará en vigencia una normativa que obliga a los usuarios de líneas móviles prepago a registrar su número a su nombre. La medida, que busca reducir el uso anónimo de las líneas y facilitar la investigación de estafas telefónicas, exige a los clientes proporcionar su nombre completo, datos de la cédula de identidad o pasaporte, dirección y un teléfono de contacto.

Como dato relevante, se estima que en Chile hay 25.6 millones de líneas móviles, de las cuales 6.9 millones corresponden al segmento prepago.

Los mensajes de la derecha mexicana

Lo que resulta llamativo es la reacción de la derecha mexicana. Los mismos que durante años han defendido la libre empresa y han vivido en países europeos donde esta norma es obligatoria, hoy acusan al gobierno de la Cuarta Transformación de autoritario y dictatorial por aplicar una medida que en Europa es de sentido común.

Si España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido exigen identificación para activar una línea prepago, ¿son todos esos países dictaduras totalitarias? ¿O acaso la derecha mexicana solo encuentra objeción cuando la medida la impulsa un gobierno que no es el suyo?

Las líneas telefónicas para hogares siempre han requerido identificación. Los planes de pospago siempre han requerido identificación. Las cuentas bancarias, los contratos de luz, agua y gas, todos exigen datos personales. Pero cuando se trata de líneas prepago, que sabemos que son el vehículo favorito de la delincuencia para operar en el anonimato, de repente la exigencia de datos se vuelve autoritaria.

Es necesario alinear a México con las mejores prácticas internacionales, como esta redacción siempre lo ha sostenido. El derecho internacional y las prácticas que han servido para mejorar la convivencia deben expandirse, no con un sentido de uniformidad ciega y sometimiento al imperio, sino como un aprendizaje con sentido común. Se trata de cerrar una puerta que los delincuentes han aprovechado durante demasiado tiempo y sobre todo, de proteger a la ciudadanía: a las familias que han recibido llamadas de extorsión, a las personas que han sufrido secuestros, a los comerciantes que han sido víctimas de fraudes.

Lo que los críticos callan

Los detractores de la medida argumentan que la delincuencia ya migró a servicios de voz sobre internet como WhatsApp, Telegram o Skype. Es cierto que esos servicios utilizan conexión a internet y no dependen directamente de la línea telefónica para funcionar. Pero para activar una cuenta en cualquiera de esas plataformas se necesita un número telefónico al que la plataforma pueda enviar un código de verificación. Sin un número de teléfono vinculado a una identidad, resulta prácticamente imposible crear una cuenta. El anonimato en las redes sociales, cuando existe, se sostiene sobre un primer eslabón que ya no puede ser anónimo.

Reducir los espacios de impunidad no resuelve todos los problemas, pero es un paso necesario. Como lo fue en España tras el 11M, como lo fue en Francia, en Italia, en Alemania. Ninguno de esos países erradicó el terrorismo o el crimen organizado con esta medida, pero todos la consideran una herramienta indispensable en la lucha contra la delincuencia.

México se había tardado en dar este paso. Pero darlo, finalmente, es un acto de justicia, justicia para quienes han sido víctimas de llamadas anónimas de extorsión, para quienes han sufrido secuestros, en fin, para una sociedad que merece saber que quien comete un delito usando un teléfono móvil ya no se podrá esconder detrás de un chip anónimo.

Lo que está en juego

El derecho a la privacidad no puede convertirse en un escudo para la impunidad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales establece los límites y garantías para el manejo de la información y los operadores, que ya resguardan datos de millones de usuarios de pospago, tienen la obligación de hacer lo mismo con las líneas prepago. Las líneas que no se registraron durante el periodo de regularización, que extraoficialmente concluyó en junio de 2026; han sido suspendidas y eventualmente serán canceladas. Los turistas extranjeros también deben presentar identificación para adquirir una línea, con requisitos específicos como nombre, nacionalidad y número de pasaporte.

La pregunta que la derecha mexicana no quiere responder es simple: ¿por qué en Europa es seguridad y en México es autoritarismo? ¿Por qué cuando lo hace España es una medida necesaria y cuando lo hace México es un ataque a las libertades?

La respuesta es igualmente simple: la derecha mexicana no defiende la privacidad, defiende la impunidad, defiende la posibilidad de que los delincuentes sigan operando en las sombras, defiende un statu quo que les permite atacar al gobierno desde el anonimato, utilizando las mismas herramientas que usan los extorsionadores.

El registro obligatorio de líneas móviles es una necesidad, en el siglo XXI, la seguridad de las personas no puede estar supeditada al anonimato de quienes cometen delitos, México finalmente está cerrando una puerta que nunca debió haber estado abierta tanto tiempo; sabemos que quizá esto moleste a quienes han vivido de la impunidad, pero con este texto esperamos contribuir para señalar que estar en contra de una medida que puede evitar muchos delitos, es por demás irresponsable.

Es muy importante informar que el registro es muy sencillo, se hace en segundos vía la aplicación de la empresa que ofrece el servicio, se solicita la CURP, alguna identificación y un video de segundos del rostro de la persona que realiza el registro y proporciona la información. En algunas compañías proponen fechas límite para hacerlo basándose en el último dígito del número de teléfono, no lo dejemos pasar.