La representación migrante en el Senado de la República merece mucho más que discursos, fotografías y agradecimientos políticos; merece trabajo constante, presencia efectiva, resultados tangibles y una estricta rendición de cuentas. Hoy, la controversia en torno a la senadora Karina Ruiz y los movimientos en su escaño obligan a plantear una pregunta incómoda pero necesaria para la vida pública: ¿quién responde realmente por las decisiones parlamentarias y por el uso del dinero público?
El debate ya no puede reducirse a las dificultades logísticas que implica trasladarse entre Estados Unidos y México. De acuerdo con reportes periodísticos difundidos en noviembre de 2026 y registros parlamentarios, la legisladora acumuló 18 inasistencias: seis de carácter no justificado y doce justificadas. Ante estas cifras, el Senado tiene la obligación de explicar documentalmente bajo qué criterios se validaron dichas ausencias y cómo se aplicó su propia normativa interna.
El marco legal es claro y no admite discrecionalidad. El artículo 10 del Reglamento del Senado establece la obligación de las senadoras y los senadores de asistir a las sesiones y participar en las votaciones.
Por su parte, los artículos 61 y 62 regulan el procedimiento para justificar inasistencias, mientras que el artículo 68 contempla descuentos económicos ante faltas injustificadas —en concordancia con las disposiciones de los artículos 14 y 15 sobre el ejercicio y suplencia del cargo—. A nivel constitucional, el artículo 63 prevé consecuencias específicas ante diez días consecutivos de ausencia sin licencia o causa justificada, junto con las responsabilidades establecidas en el artículo 64. Las reglas parlamentarias no pueden aplicarse con laxitud para unos y con rigor para otros.
A esta situación de ausentismo se suma el manejo político de la suplencia. En septiembre, Octavia Hernández Farret dejó su actividad consular en San José, California, viajó a México, rindió protesta y ocupó el escaño durante apenas dos días, justo en el contexto de una votación constitucional que la bancada de Morena necesitaba sacar adelante. Poco después, Karina Ruiz notificó su reincorporación.
Recientemente, Octavia Hernández anunció su regreso a las actividades legislativas mediante un comunicado público en el que agradece expresamente el respaldo de Ignacio Mier, coordinador de Morena; el acompañamiento de Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva; y la sensibilidad de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, refrendando además su lealtad al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si bien dicha declaración pública no demuestra por sí misma una intervención indebida de los funcionarios mencionados, sí legítima el cuestionamiento ciudadano sobre qué significó exactamente ese acompañamiento y qué gestiones se llevaron a cabo.
Asimismo, existe un asunto elemental de dignidad política: de confirmarse que Karina Ruiz se refirió públicamente a Octavia Hernández como «esa su suplente», el hecho amerita una aclaración.
La figura de la suplencia no es decorativa ni da lugar a legisladores de segunda categoría; cuando una suplente asume el cargo, representa a la ciudadanía con exactamente la misma investidura constitucional.
La transparencia en este caso requiere respuestas puntuales de cada uno de los actores señalados:
A Karina Ruiz le corresponde explicar sus inasistencias, detallar sus actividades legislativas y aclarar si está en condiciones reales de cumplir plenamente con la responsabilidad para la que fue electa. De no poder hacerlo, debe valorar la solicitud de una licencia que permita a su suplente ejercer la representación de manera efectiva.
Octavia Hernández debe informar con precisión qué agenda y trabajo legislativo realizará, presentando resultados concretos en favor de la comunidad migrante.
Por su parte, Ignacio Mier está obligado a transparentar su intervención en la activación de la suplencia y los criterios políticos y parlamentarios empleados, particularmente en torno a la votación del 29 de septiembre.
A Higinio Martínez, como presidente de la Mesa Directiva, le corresponde publicar el desglose oficial de asistencias, justificantes, licencias, fundamentos reglamentarios y los descuentos efectivamente aplicados.
Sobre Rosa Icela Rodríguez la pregunta es en qué consistió el acompañamiento que la senadora suplente le agradece y aclarar si existieron gestiones desde la Secretaría de Gobernación relacionadas con este relevo legislativo.
Finalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin presumir intervención alguna de su parte, se le solicita una postura institucional transparente y congruente con los principios de austeridad y servicio público que enarbola su gobierno.
La dimensión financiera del caso también demanda claridad absoluta.
Los reportes periodísticos han señalado percepciones aproximadas de 332 mil 500 pesos para Karina Ruiz antes de los descuentos correspondientes. Frente a ello, el Senado debe hacer públicos los recibos, las dietas efectivamente pagadas, las deducciones aplicadas, las prestaciones otorgadas y el cálculo individual correspondiente a ambas legisladoras.
No se afirma aquí la existencia de un doble pago ilegal ni de una prestación indebida, pero sí se exige la comprobación documental de que cada peso del erario se ejerció conforme a derecho.
La suplencia es un mecanismo constitucional diseñado para garantizar la continuidad del trabajo legislativo, no una herramienta táctica para resolver necesidades coyunturales de una bancada.
Una curul no pertenece a Karina Ruiz, a Octavia Hernández, a Ignacio Mier ni a dirigencia partidista alguna: pertenece exclusivamente a la ciudadanía.
Los millones de mexicanos que vivimos en el exterior no necesitamos representantes que aparezcan únicamente cuando se requiere un voto decisivo en el pleno. Necesitamos legisladores de tiempo completo que trabajen, rindan cuentas y defiendan nuestros derechos durante todo el periodo de su encargo.
Los agradecimientos pueden pertenecer al ámbito personal, pero las decisiones públicas deben explicarse; las licencias son un derecho legal, pero la responsabilidad parlamentaria es una obligación ineludible.
Si Karina Ruiz no puede cumplir a cabalidad con su función, debe asumir una decisión política responsable.
Y si Octavia Hernández vuelve a ocupar el escaño, tendrá el deber de demostrar con hechos que la representación migrante está por encima de cualquier conveniencia partidista. Porque los migrantes no pedimos favores ni privilegios: exigimos representación, dignidad, resultados y transparencia.
Líder comunitario, analista y defensor de los derechos de la diáspora mexicana. Migrante en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, ha convertido su experiencia en una voz crítica y propositiva sobre migración, justicia y representación política.
Fue galardonado con el Premio Ohtli durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, uno de los más altos reconocimientos otorgados a mexicanos en el exterior.
Su trabajo integra reflexión espiritual, análisis jurídico y visión geopolítica, impulsando el concepto de “Poder Migrante” como eje de transformación social.
Ha participado en foros en Washington D.C. y espacios institucionales promoviendo reformas en favor de los mexicanos en el extranjero.
Actualmente desarrolla una obra sobre la diáspora mexicana y su impacto económico, político y humano en el siglo XXI.
