(O de cómo la simulación electoral convierte el sufragio migrante en basura institucional)
¿Qué hace usted si lo invitan formalmente a la fiesta, llega con el regalo envuelto en nostalgia y esfuerzo, pero a la hora de repartir el pastel de la democracia le dan con la puerta en las narices?
Muchas, muchos, migrantes de México en Estados Unidos no consiguieron obtener la credencial para votar a pesar de haber iniciado el trámite con una anticipación que rozaba la inocencia. Sus hijos, sus hijas —mexicanos, mexicanas de segunda generación, herederos de esta pertenencia a distancia— acudieron a su representación diplomática. Formaron la fila del desamparo durante seis horas sobre la calle Folsom, en San Francisco, a las puertas de un consulado octogenario que parecía más bien un módulo de penitencia. Les entregaron una ficha numerada. Aguardaron en silencio, resistieron el viento del Pacífico y, al final, la respuesta fue la misma negativa burocrática: y no entraron.
Dejar ese trámite equivalía a renunciar a un derecho por el que quienes los, las, antecedieron pelearon durante décadas de silencio forzado. Era la historia a la inversa: silenciarlos otra vez. Ellos que vieron a los abuelos votar con la dignidad intacta, no quisieron dejar de pelear por lo mismo desde el rincón donde la vida los puso. Son mexicanos y mexicanas, que como mínimo merecían ejercer el voto. Que ese voto sea una trampa en el altar de los poderosos no les quita el derecho al destello; exigir la urna no es creer en la comedia institucional, sino reclamar la mínima grieta para hacer oír su voz apagada casi siempre mientras se observa con indignación el catálogo de artilugios que el Instituto Nacional Electoral y el Servicio Exterior Mexicano han esgrimido en contra de su propia ciudadanía: engaños, ocultamiento de información y el arte de convertir una obligación constitucional en un lucrativo negocio de vender los documentos oficiales a quienes viven de aquel lado del río Bravo.
En el trayecto electoral que condujo a Claudia Sheinbaum a la presidencia, el trato dispensado a los migrantes en Estados Unidos rebasó la negligencia para instalarse en el desprecio y la discriminación. Mas, al observar hoy el desmoronamiento del tinglado institucional del INE, aflora la malicia de una burocracia ciega a la dignidad ajena.
Guadalupe Taddei Zavala —la consejera presidenta cuya dimisión formalizada el lunes 26 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados se pretendió disfrazar de “profunda reflexión”— encarnó la simulación regulatoria en todos sus órdenes. La caída de la funcionaria, oriunda de Cananea, Sonora —municipio donde la prosapia familiar se remonta a Pietro Taddei, emigrado a América en el siglo XIX desde el cantón alpino de Faido, Suiza —, se convirtió en el retrato hablado de cómo despreciar una investidura pública.
La cuna sonorense —que en el pasado vio nacer al célebre “Grupo Sonora” de Obregón, Calles y De la Huerta, maestros del pragmatismo implacable— parió en esta era una versión de la política donde la astucia se redujo a la triangulación de contratos.
El historial de presuntas irregularidades, expuesto por la investigación periodística y sobre el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó indagatorias de oficio por 514 millones de pesos, exhibe un esquema repetitivo:
El antecedente sonorense y el circuito estatal: El entramado no brotó espontáneamente en las oficinas centrales del INE. Ya en su etapa al frente del Instituto Electoral de Sonora (2014-2021), Taddei adjudicó 46.8 millones de pesos a Cajas Graf, empresa apoderada por José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco.
La estela continuó en Chihuahua —donde Claudia Arlett Espino otorgó 33.8 millones a la misma firma antes de ser promovida por Taddei como secretaria ejecutiva del INE— y en Oaxaca, donde Iliana Araceli Hernández Gómez asignó 32.4 millones a Corporativo Zeg (empresa hermana de Cajas Graf), para luego ser colocada en la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE.
El negocio inmobiliario de cúpula: En 2022, durante su paso por el Instituto Sonorense de Transparencia, se firmó un arrendamiento anual por 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada a la familia del gobernador Alfonso Durazo. La red de favores cruzados continuó en 2025 cuando Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera, migró de la Consejería Jurídica estatal a la Secretaría Particular de la gubernatura sonorense.
De apoderado empresarial a mandamás administrativo: Ya instalada en el INE, nombró como director de Administración a Jesús Octavio García González, exrepresentante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, quien debió dejar el cargo en abril de 2026 tras las denuncias ante el Órgano Interno de Control. Bajo esta gestión, se declaró desierta una licitación para luego adjudicar de forma directa 197 millones de pesos a Cajas Graf y TOL para la elección judicial.
Los “choferes fantasma” y nóminas de privilegio: El diario Reforma reveló que Jonathan Navarrete Torres, chofer asignado a la presidencia con un sueldo de 45 765 pesos mensuales, ostentaba desde 2023 un poder legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, omitido en su declaración patrimonial. A la par, Luis Alberto Bustamante Canizales cobra 69 890 pesos mensuales bajo la etiqueta de “líder de proyecto”, aunque en los hechos ejerce como conductor y asistente personal. A ello se suman 6.2 millones de pesos pagados a ocho trabajadores cuyos servicios no pudieron acreditarse documentalmente.
Blindajes, viajes de lujo y champán en París: Entre 2025 y 2026, Taddei se desplazó en una camioneta BMW X5 blindada, valuada en más de dos millones de pesos, ajena al inventario oficial e inexistente en el Registro Público Vehicular. El verdadero rostro de la administración se expuso en imágenes y grabaciones: convivios donde Hernández Casillas participaba en los cumpleaños de la funcionaria, festejos en diciembre por la adjudicación a Cosmocolor del contrato de la credencial de elector por 1 173 millones de pesos —con la asistencia de directores de Recursos Materiales y Financieros— y aquel video donde el hijo de la presidenta del INE, Jorge Francisco Piñeda Taddei, brindaba en una suite de 200 mil pesos la noche en el hotel Le Meurice de París al ritmo de la frase del contratista: “París a tus pies, chamaquito”.
Investigaciones de la ASF y la UIF: La Auditoría documentó que el Corporativo Zeg, con apenas cinco empleados, obtuvo cerca de 184 millones de pesos y trianguló 167 millones a cuatro empresas fachada, además de no acreditar el destino de 66 millones para simulacros electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de 400 cuentas bancarias ligadas al grupo empresarial por simulación de competencia y uso de factureras.
Mientras en los consulados de San Francisco y de todo Estados Unidos los ciudadanos hacían filas kilométricas bajo el desprecio burocrático, perdiendo jornadas de trabajo y viendo conculcado su derecho elemental al voto, la cúpula del instituto electoral celebraba adjudicaciones millonarias entre vehículos de lujo no registrados y suites parisinas.
De esta forma, tras declarar repetidamente que “no vamos a claudicar” y atribuir los señalamientos a un “golpeteo político”, la salida de la funcionaria se consumó ante la inminencia del juicio político planteado en el Congreso. No obstante, la renuncia no borra el agravio ni restaura el derecho sofocado de miles de migrantes a quienes se les negó el pastel democrático que por derecho propio les correspondía.
Editor, vive en la Ciudad de México, nacido en Coahuila. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como reportero de fuente en medios informativos como Norte de Juárez y Diario de Juárez; laboró en el Suplemento Cultural Palabra, de Ensenada, Baja California.
