Mexicali, BC. En una votación rápida y por mayoría absoluta, la XXV Legislatura del Congreso de Baja California respaldó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que exige la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los estados.
La enmienda, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar un vínculo de fidelidad e identidad exclusiva con el Estado mexicano por parte de quienes ostenten las máximas responsabilidades del gobierno.
Con esta aprobación, la entidad fronteriza se coloca entre los primeros congresos locales del país en validar la minuta remitida por el Congreso de la Unión.
Las reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna estipulan que los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, no poseer ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con una segunda ciudadanía, renunciar formalmente a ella antes de tramitar su candidatura.
La restricción, que entrará en vigor para el proceso electoral de 2028, prohíbe además solicitar o hacer valer otra nacionalidad ante autoridades extranjeras durante el ejercicio del cargo.
Sin embargo, el aval legislativo en Mexicali pone sobre la mesa una particularidad histórica propia de la región. Debido a la dinámica social, la movilidad transfronteriza y la cercanía con centros médicos en Estados Unidos, la política de Baja California ha estado ligada de manera directa a la doble ciudadanía.
Al menos tres de sus mandatarios estatales nacieron en suelo estadounidense: Roberto de la Madrid Romandía (1977-1983) y Eugenio Elorduy Walther (2001-2007), nacidos en Calexico, California; así como Ernesto Ruffo Appel (1989-1994), primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, nacido en San Diego.
A ellos se suma el caso del exgobernador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), quien aunque nació en Tijuana, adquirió la ciudadanía estadounidense y llegó a desempeñarse como funcionario público en California antes de incursionar en la política mexicana.
La rapidez con la que el Congreso estatal cerró el paso a la doble nacionalidad para cargos ejecutivos contrasta con la situación de la diáspora regional. La propia Constitución Política de Baja California aún no reconoce plenamente los derechos políticos ni el voto activo para los bajacalifornianos que residen en el extranjero.
De esta manera, la reforma constitucional en Baja California adquiere un cariz ambivalente: mientras el Poder Legislativo local se apresura a blindar el perfil de los gobernantes exigiendo una lealtad institucional sin matices ni pasaportes extranjeros, la entidad mantiene asignaturas pendientes con la participación democrática de su propia población migrante.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
