Ciudad de México. En un lapso de apenas diez días, el debate desde Palacio Nacional sobre la doble nacionalidad en México, particularmente la estadounidense, transitó de ser una celebración de la identidad cultural binacional, a convertirse en el núcleo de una propuesta de reforma constitucional destinada a blindar la soberanía del país.
Mientras que para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se trata de cerrar de manera definitiva cualquier vacío legal para los aspirantes a las gubernaturas estatales y a la Presidencia del país, para el abogado constitucionalista Santiago Corcuera modificar la Constitución es técnicamente “innecesario”.
La discusión se abrió el miércoles 19 de agosto, cuando la mandataria se refirió con orgullo a los jóvenes mexico-estadounidenses de segunda y tercera generación que participaron en el concurso binacional de canto “México Canta”, al destacar que estos jóvenes decidían ejercer su derecho a la nacionalidad mexicana amparados por la ley vigente, lo que fortalecía sus raíces culturales y lazos de pertenencia a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el martes 25 de agosto, cuando la presidenta planteó por primera vez la necesidad de una iniciativa de reforma. Al día siguiente, miércoles, el debate escaló al abordarse el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien posee nacionalidad estadounidense y reside actualmente en EU. Ante este escenario, Sheinbaum lanzó una pregunta directa a la opinión pública: “Si tienes doble nacionalidad, ¿a quién representas, a México o a otro país?”.
Interpelada por el periodista Salvador Corona, de El Universal, sobre si esta propuesta buscaba cerrar una puerta al injerencismo extranjero, Sheinbaum confirmó que el país ha vivido un periodo de mayor búsqueda de injerencia en decisiones que competen exclusivamente a los mexicanos. Para la presidenta, un gobernante debe identificarse plenamente con una sola patria.
Propuesta formal
El jueves, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó formalmente el borrador de la iniciativa, trabajada de la mano del ministro en retiro Arturo Zaldívar. La reforma plantea modificar los artículos 82 (para la Presidencia de la República), 116 (para gubernaturas) y 122 (para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México).
La nueva redacción del Artículo 82 establece que para aspirar al cargo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y “no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata”. De aprobarse en el Congreso, se reformará también la Ley de Nacionalidad para normar el proceso formal de renuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades del país del cual se sea nacional.
El objetivo, reiteró Sheinbaum, es garantizar que el interés nacional se coloque por encima de cualquier otro Estado o nación del mundo.
Es explícito: Corcuera
Frente a este despliegue legislativo, el abogado y constitucionalista Santiago Corcuera, en entrevista con Carmen Aristegui, ofreció una lectura crítica que pone en duda la necesidad técnica de la reforma, pues según el especialista la iniciativa del Ejecutivo parece derivar de un “malentendido” inicial sobre el marco legal vigente.
La reforma es “francamente innecesaria” bajo las reglas de la hermenéutica jurídica, pues el artículo 32 constitucional ya resuelve el tema de fondo. Según su análisis, si la ley establece que para ciertos cargos se requiere ser mexicano por nacimiento y prohíbe adquirir otra nacionalidad, por mayoría de razón —o el principio *a fortiori*— debe entenderse que tampoco se puede ostentar una ya existente al momento de postularse.
Corcuera sentenció que el gobierno simplemente “está poniendo explícito lo que ya está implícito” en la Carta Magna. Desde su perspectiva como jurista, someter al país a un proceso de reforma constitucional con mayorías calificadas y la aprobación de las legislaturas estatales es una “distracción innecesaria” de los trabajos legislativos, para algo que la interpretación jurídica actual ya mantiene como resuelto.
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