El diputado federal Gerardo Olivares Mejía advirtió sobre las condiciones de explotación, precariedad y vulnerabilidad que enfrentan millones de jornaleros agrícolas indígenas migrantes en México, y planteó la necesidad de fortalecer las obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para garantizar la protección de sus derechos laborales y humanos.
El legislador sostuvo que la situación de este sector constituye uno de los problemas sociales y laborales más graves del país, debido a que miles de familias indígenas migran cada año a campos agrícolas del norte y noroeste de México, y enfrentan condiciones que incluso configuran delitos de explotación laboral.
De acuerdo con el planteamiento, en México existen alrededor de tres millones de jornaleros agrícolas migrantes que abandonan sus comunidades de origen para trabajar principalmente en entidades como Sinaloa, Sonora, Baja California y Jalisco.
La mayoría proviene de estados con altos niveles de pobreza y población indígena significativa, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Estado de México.
Jornadas extenuantes, bajos salarios bajos y poco acceso a la educación de los hijos
Olivares Mejía señaló que gran parte de estos trabajadores desarrolla sus actividades en condiciones sumamente precarias, con jornadas laborales extenuantes, salarios bajos, falta de seguridad social y ausencia de contratos escritos.
A ello se suma la carencia de acceso adecuado a servicios de salud, educación, vivienda y servicios básicos en las zonas agrícolas donde laboran temporalmente.
Indicó además que una de las condiciones que incrementa la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas es que muchos migran acompañados de sus familias, incluidos niñas, niños y adolescentes, lo que profundiza las condiciones de marginación y genera dificultades en el acceso a la educación y al desarrollo integral de sus hijos.
El diputado afirmó que la movilidad constante de esta población dificulta su incorporación a programas sociales y mecanismos de apoyo gubernamental, situación que propicia mayores escenarios de desprotección.
Existen posibles casos de redes vinculadas al tráfico de personas, discriminación y hostigamiento laboral
Añadió que diversos testimonios e investigaciones han documentado casos de discriminación, hostigamiento laboral, fraude en procesos de contratación y cobros indebidos por parte de intermediarios o “enganchadores”.
Asimismo, alertó que muchas de estas prácticas se encuentran relacionadas con mecanismos de explotación laboral y posibles redes vinculadas al tráfico de personas, debido a que algunos trabajadores deben pagar cuotas para ser contratados o trasladados a los campos agrícolas.
Olivares Mejía enfatizó en que alrededor de la mitad de los jornaleros agrícolas migrantes son de origen indígena, por lo que además de enfrentar pobreza y precariedad laboral, padecen discriminación derivada de su condición étnica, sus niveles de marginación y la informalidad en sus relaciones de trabajo.
El legislador explicó que los jornaleros agrícolas suelen laborar únicamente durante temporadas específicas del año, lo que provoca largos periodos sin ingresos. Además, muchos carecen de un empleador fijo, obligándolos a desplazarse constantemente entre distintos estados y regiones agrícolas del país.
En ese contexto, citó datos que indican que aproximadamente 43 por ciento de los jornaleros gana por debajo del salario mínimo legal; 94 por ciento no cuenta con contrato escrito, y nueve de cada diez carecen de acceso a servicios de salud y prestaciones laborales por parte de sus empleadores.
El representante popular recordó que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas contempla la explotación laboral como una conducta delictiva cuando existe beneficio económico injustificable mediante prácticas que atentan contra la dignidad de las personas trabajadoras.
Entre estas prácticas se encuentran las condiciones peligrosas o insalubres, jornadas excesivas y salarios desproporcionadamente bajos respecto al trabajo realizado.
Olivares Mejía, representante del Distrito V de Guerrero —que comprende la región de La Montaña—, afirmó conocer de manera directa la realidad que viven miles de familias indígenas obligadas a migrar por falta de oportunidades económicas en sus comunidades de origen.
Precisó que aproximadamente 50 mil jornaleros agrícolas guerrerenses migran a estados del noroeste del país, principalmente de municipios indígenas como Chilapa, Tlapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlacochistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca.
El legislador calificó como “paradójico” que muchos mexicanos que migran a Estados Unidos logren acceder a mejores salarios y formas de organización laboral, mientras que los jornaleros indígenas migrantes dentro del propio territorio nacional enfrentan condiciones extremadamente adversas.
Contratación irregular y ausencia de oficinas de la STyPS en regiones agrícolas del noroeste
En particular, mencionó el caso del Valle de San Quintín, en Baja California, donde organizaciones sociales y líderes jornaleros han denunciado reiteradamente esquemas de contratación irregulares bajo modalidades conocidas como “saliendo y pagando”, mediante las cuales trabajadores laboran a destajo sin prestaciones, seguridad social ni garantías laborales.
Según testimonios citados en la iniciativa, algunos empleadores evaden responsabilidades laborales aprovechando la necesidad económica de los trabajadores y la limitada supervisión de las autoridades.
Olivares Mejía también cuestionó la insuficiente presencia institucional de la STyPS en regiones agrícolas con alta concentración de jornaleros migrantes, y reprobó que en San Quintín no existan oficinas federales permanentes de inspección laboral.
Añadió que esta falta de vigilancia favorece la persistencia de abusos laborales y condiciones que incluso podrían ubicarse en los límites de la trata de personas.
Ante este panorama, el legislador propuso incorporar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal un mandato explícito para que la STyPS fortalezca la prevención, supervisión y atención de casos de explotación laboral en perjuicio de jornaleros agrícolas migrantes indígenas.
Sostuvo que el objetivo es garantizar mecanismos efectivos de protección de derechos humanos y laborales para uno de los sectores más vulnerables del país.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
