Ciudad de México. Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un exhorto directo a los reporteros. Pidió investigar a fondo cómo personajes como los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas lograron infiltrarse como contratistas en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y cómo mantuvieron su poderío en el actual Instituto Nacional Electoral (INE).
Este llamado pone el foco sobre una red de proveeduría que hoy protagoniza una severa crisis institucional. Este entramado de contratos millonarios en el INE orilló a la reciente renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del árbitro electoral.
Sin embargo, su mandato concluyó de forma anticipada bajo el escrutinio público. Esto ocurrió tras las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presunto influyentismo y adjudicaciones millonarias otorgadas al círculo cercano de los Hernández Casillas.
Para comprender la magnitud del conflicto, es clave repasar la trayectoria de más de tres décadas de Taddei. Su carrera comenzó en el IFE (1992-2014), donde destacó como Vocal Local del Registro Federal de Electores en Sonora, para posteriormente dar el salto al ámbito local como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora (2014-2021). Finalmente, alcanzó la cúspide institucional entre 2023 y 2026 al convertirse en la primera mujer en presidir el INE a nivel nacional.
El mercado electoral
El origen de esta red se remonta a los años noventa. Con la creación del IFE y las nuevas normativas democráticas que exigían materiales como urnas transparentes y papelería electoral de alta seguridad, los hermanos Hernández Casillas entendieron que había una necesidad nueva y lucrativa.
Aprovechando esta coyuntura, sus empresas industriales transicionaron hacia este mercado para evitar fraudes. Rápidamente se consolidaron como los proveedores estrella. A lo largo de las décadas, se estima que han acumulado contratos que superan los mil millones de pesos con el IFE, el INE y los institutos locales.
El primer gran escándalo de esta red estalló en 2005 y giró en torno a su primera empresa, Cartonera Plástica. En aquel año, el Estado de México vivía una de las elecciones más importantes para el PRI. El entonces gobernador Arturo Montiel preparaba la sucesión que llevaría al poder a Enrique Peña Nieto.
En ese contexto de alta presión política, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) le otorgó a Cartonera Plástica una licitación presuntamente amañada por 63.7 millones de pesos. Esta operación generó un daño al erario calculado en más de 40 millones de pesos (específicamente 43 millones) debido a sobreprecios.
Sin embargo hubo señalamiento de que, presuntamente, a los consejeros se les sobornó con 3 millones de pesos para avalar dicho contrato. La crisis obligó a la renuncia de todos los consejeros electorales del IEEM, encabezados por el consejero presidente y principal acusado, José Juan Gómez Urbina.
No obstante, el caso se resolvió bajo un manto de impunidad: Gómez Urbina y el resto de los consejeros abandonaron sus cargos cobrando una importante indemnización y sin enfrentar consecuencias penales.
Camuflaje
Al entender que su primera empresa (Cartonera Plástica) ya se encontraba con bastantes cuestionamientos, los Hernández Casillas buscaron burlar la burocracia que podría haberles impedido seguir siendo proveedores.
Su estrategia fue crear otras empresas fachada, tales como Cajas Graf y Corporativo Zeg. Mediante esta red, y utilizando a operadores que incluso figuraban en la nómina del INE bajo cargos de “choferes”, lograron evadir los filtros de transparencia y mantener su dominio comercial en los comicios.
La influencia de esta red alcanzó su punto máximo con la licitación para la nueva credencial de elector. El contrato, valuado en mil 173 millones de pesos, contempla la producción de entre 84.9 y 94.1 millones de identificaciones. Esto fija un costo unitario aproximado de 11.80 pesos por plástico.
Este millonario proyecto fue adjudicado por la administración de Taddei a Cosmocolor, una histórica empresa fabricante de licencias de conducir y tarjetas de circulación en el país.
Cosmocolor pertenece a la familia Kahwagi. Fue fundada por el padre, Jorge Kahwagi Gastine, y manejada desde 2008 por su hijo, Jorge Kahwagi Macari (ambos fallecidos recientemente). Diferentes medios reportaron hace poco la cercanía de Alfredo Hernández Casillas con la familia Kahwagi, revelando que el contratista presuntamente fungió como gestor en este proyecto.
Para que este consorcio ganara la licitación, el INE descalificó a empresas que presentaban ofertas económicas más bajas, supuestamente por no cumplir con los estrictos estándares técnicos. Incluso, dejó fuera a la compañía que anteriormente hacía las credenciales. Todo este entramado forma parte central de las investigaciones por contratos millonarios en el INE que hoy sacuden al instituto electoral.
