La Corte Penal Internacional: un tribunal para los crímenes más graves
La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal penal internacional permanente de la historia. Su creación, en 2002, fue el resultado de un largo proceso que culminó con la adopción del Estatuto de Roma en 1998. La corte tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y su propósito es juzgar a individuos, no a Estados, responsables de los crímenes más graves que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. La CPI actúa bajo el principio de complementariedad: solo puede intervenir cuando los Estados nacionales no están dispuestos o no pueden investigar y enjuiciar estos delitos de manera genuina.
Actualmente, 125 países son Estados Parte del Estatuto de Roma. La distribución regional es amplia: 33 Estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 20 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. Entre los países que no han ratificado el tratado se encuentran Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel, aunque algunos de ellos han firmado el Estatuto sin llegar a ratificarlo.
La ofensiva de Washington contra la justicia universal
El 18 de agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos continuó con sus ya avanzadas intenciones de desmantelar la CPI . El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció algo que ya habia planteado desde julio del presente año cuando dijo que endurecería la campaña contra la Corte y así lo estamos viendo, pues ya han lanzado sanciones contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado litigante principal de la fiscalía, el senegalés Abdoulaye Seye.
Quizá nuestros amigos lectores han oido acerca de bloqueos y sanciones como las de Cuba o Venezuela e incluso Rusia, pero ¿cómo se ven las sanciones en contra de una Corte? se las enumeramos pues así podemos tratar de comprender la magnitud de los alcances y las terribles consecuencias. Hablamos entonces de congelamiento de activos en jurisdicciones estadounidenses, la prohibición de transacciones con ciudadanos y entidades de EE.UU. y restricciones de viaje que impiden la entrada a territorio estadounidense a los funcionarios sancionados y sus familias. Rubio calificó a la CPI como “un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado” y aseguró que Washington “no tolerará su ataque a la soberanía de los Estados”.
La administración Trump ya había sancionado previamente a nueve de los 18 jueces de la CPI, a sus dos fiscales adjuntos, al exfiscal jefe y a otro miembro de la fiscalía.
El origen de la disputa: las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant
El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. Por supuesto que estas resoluciones incomodan a EEUU y provocaron grandes tensiones entre Washington y La Haya, mientras, la comunidad internacional celebraba el resolutivo y el avance de las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes en Afganistán y Palestina.
Un panel de tres jueces de la CPI determinó que Netanyahu y Gallant eran responsables del crimen de guerra de “utilizar la inanición como método de guerra” y de otros “actos inhumanos” en Gaza. La CPI sostiene que tiene jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos dentro de territorios miembros, independientemente de la ciudadanía del sospechoso.
Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, rechaza los esfuerzos de la CPI para ejercer jurisdicción sobre nacionales de países que no son miembros, incluyendo personal estadounidense y funcionarios israelíes. Rubio acusó a Akane y Seye de haber “participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyo gobierno no ha aceptado la jurisdicción de la CPI”.
El impacto humano de las sanciones
Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias bastante graves en la vida cotidiana de los funcionarios de la CPI, hemos hablado de las sanciones a la Corte pero quizá sea interesante conocer el testimonio del juez francés Nicolas Guillou, sancionado en agosto de 2025, quien describió su situación como una “muerte civil”.
Guillou relató que, de la noche a la mañana, perdió el acceso a todos los medios de pago. Sus tarjetas Visa, Mastercard y American Express dejaron de funcionar. No puede utilizar plataformas como Amazon, PayPal, Airbnb, Netflix o Expedia. “En Francia ya no existen medios de pago que no sean estadounidenses”, afirmó. “Usted es desdigitalizado, vive en la era pre-digital, un poco como en los años 90”. Esta realidad es una alarma para Europa pues visibilizó la vulnerabilidad del continente al constatar que no controlan digitalmente nada, la población mundial está bajo dominio de las empresas estadounidenses pero además cualquier instancia que no defienda sus intereses, será directamente perjudicada de manera inmediata y sin poder tener ninguna oportunidad para defenderse,
Guillou explicó que estas sanciones no se notifican formalmente. “no es como una decisión de justicia donde usted tiene un cierto número de derechos, posibilidad de impugnarlas. Cuando es puesto bajo sanción, como es mi caso, se entera un poco por casualidad. En mi caso, fue un tuit del secretario de Estado”. Este testimonio es alarmante porque se vuelve un arma en contra de quienes velan por la paz y el Derecho Intenacional.
La respuesta de la CPI y la comunidad internacional
Al escribir estas líneas, nos sentimos en la necesidad de hacer un llamado a la comunidad internacional a mantener su postura frente a la importancia de un organismo independiente como lo es la CPI; estas sanciones son un peligroso ataque contra la independencia del tribunal.
En un comunicado, la corte afirmó que “cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”. La CPI reiteró que “seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad”.
La Unión Europea expresó su “apoyo inquebrantable” a la CPI, considerándola la piedra angular de la justicia penal internacional. Países Bajos, como país anfitrión de la corte, rechazó las sanciones y ofreció continuar apoyando a los magistrados afectados.
Japón calificó las sanciones contra su nacional, la jueza Akane, como “muy lamentables”. Israel, en cambio, elogió la medida. Netanyahu calificó a la CPI como un “tribunal irregular” que abusa de su poder.
La campaña de Rubio para presionar a los 125 Estados miembros de la CPI a retirarse del organismo ya ha tenido efectos. Venezuela y Chad han anunciado planes para abandonar la corte, lo que eleva a cinco el número de países que han anunciado su retirada en el último año. Es muy importante mantener a la Sociedad civil informada para que presionar a los gobiernos y que el mundo mantenga la unidad en torno a las resoluciones a favor de los pueblos que está tomando La Corte Penal Internacional.
Las consecuencias para el orden internacional
Cuando las resoluciones afectaron a los intereses de gobierno de Trump y su complicidad con Israel en el genocidio en Gaza, se inició una campaña radical con la finalidad de desmantelar la CPI. Rubio ha manifestado que sancionará a organizaciones que trabajen con la corte y prohibirá que su personal viaje a Estados Unidos.
Desde la comunidad de medios periodísticos hemos podido observar lo que algunos expertos advierten, el riesgo real es la autocensura de otros funcionarios internacionales que, por miedo a ser sancionados, podrían dejar de actuar en áreas críticas como el desarrollo o la protección del medio ambiente. Como señaló el juez Guillou, el desafío para la generación actual en Europa y el mundo es decidir si se defenderán las instituciones internacionales o se permitirá el regreso a la “ley del más fuerte”.
Estas sanciones no solo afectan a los funcionarios de la CPI. También ponen en riesgo el sistema de justicia internacional que ha costado décadas construir. La decisión de Washington de sancionar a sus más altos representantes asegura la posibilidad de mantener total impunidad pues ningún tribunal internacional puede juzgar a ciudadanos estadounidenses o de sus aliados.
Colaboradora de Enlace Mexamerica. Licenciada en Relaciones Internacionales, licenciada en Economía, Maestra en estudios sustentables regionales y metropolitanos.
Promotora de la Cuarta Transformación y del Humanismo Mexicano más allá de las fronteras de mi querida patria.
Miembro de una familia binacional con muchos motivos de orgullo de ser mexicana.
