Hay frases políticas que abren conversaciones profundas. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que «una visa no define a una persona» a propósito de la cancelación del visado de Andrés Manuel López Beltrán, vinculando su postura con la soberanía y la convicción.
Desde Estados Unidos, millones de mexicanas y mexicanos le hacemos una pregunta franca: ¿podemos llevar esa frase mucho más lejos? Si bien una visa no determina el valor o la dignidad de un individuo, sí representa la posibilidad de cruzar una frontera y transforma drásticamente la vida familiar.
Para millones de connacionales sin visa, residencia o ciudadanía, esa carencia se traduce en décadas de separación, miedo, vulnerabilidad e imposibilidad de viajar. Tampoco la falta de un documento debe definir a un mexicano ni convertirlo en ciudadano de segunda categoría; la dignidad no necesita visa, pero su ausencia condiciona la existencia y representa el verdadero debate.
Esta reflexión no nace desde la oposición, el odio o el deseo de descalificar, sino desde la esperanza en la Cuarta Transformación que usted representa.
Quienes han defendido este proyecto a la distancia no buscan cuestionar su legitimidad ni desconocer sus avances; al contrario, le piden con franqueza que no desilusione la confianza depositada en su gobierno.
Entendemos perfectamente que México no gobierna Estados Unidos, que no puede alterar su Constitución ni otorgar visas, residencias o un TPS de forma unilateral. Sin embargo, nos preguntamos qué puede hacer el Estado mexicano con todo el poder diplomático e institucional que sí posee: negociar, construir alianzas, acudir al Congreso estadounidense, fortalecer los consulados, brindar asistencia jurídica, documentar abusos, acompañar a los detenidos y construir una política integral de reintegración para los deportados.
Un antecedente clave demuestra que cuando hay voluntad política, México sabe movilizarse. En mayo de 2025, ante la propuesta estadounidense de aplicar un impuesto del 5% a las remesas, el Senado envió una comisión plural a Washington encabezada por Ignacio Mier Velazco.
Tras sostener reuniones con congresistas de ambos partidos y organizaciones migrantes, se logró reducir la tasa a 3.5%. El 4 de junio de ese mismo año fui testigo de ese esfuerzo institucional en la Embajada de México. Por eso cabe la pregunta: si el Estado pudo desplegar su fuerza para defender el dinero que envían los migrantes, ¿por qué no movilizarse con la misma intensidad para proteger al mexicano que lo produce?
La diplomacia y el diálogo con la comunidad no deben activarse solo ante amenazas económicas, sino convertirse en una política permanente de Estado cuando está en riesgo la vida y los derechos de nuestros connacionales.
Detrás de las cifras millonarias de remesas hay trabajadoras, trabajadores, madres y padres que sostienen la economía en ambos lados de la frontera. Si la Presidencia los reconoce como «héroes y heroínas», resulta contradictorio ser valorados cuando se produce dinero pero quedar vulnerables cuando se requiere protección.
La diáspora no solo está conformada por indicadores económicos; hay personas detenidas, perseguidas y deportadas. En julio de 2026, el propio gobierno registró 17 mexicanos fallecidos en situaciones vinculadas con ICE, lo que exige una defensa preventiva y no reactiva.
Asimismo, cuando ocurre una deportación tras 20 o 30 años de residencia, la persona llega a un país donde a menudo carece de vivienda, red familiar o reconocimiento laboral; por ello, el éxito del retorno no se mide por cuántos son recibidos (mediante programas como México te Abraza), sino por cuántos logran reconstruir una vida digna.
Otras naciones de la región han utilizado su diplomacia para situar la situación de sus ciudadanos en la agenda bilateral. El Salvador ha gestionado de manera constante la extensión del TPS para sus connacionales —vigente hasta el 9 de septiembre de 2026— y Guatemala presentó una solicitud formal ante Washington. Sin buscar confrontaciones ni violar la soberanía ajena, México debe ejercer plenamente la suya y utilizar todo su peso diplomático a favor de sus ciudadanos.
Ha llegado el momento de construir una política de Estado con visión «M de Migrante»: una estructura permanente que fortalezca la red consular, eleve la protección jurídica, acompañe a las familias separadas, dialogue con legisladores estadounidenses, impulse la participación política en el exterior y reconozca el valor de quienes regresan.
Le pedimos a la Presidenta que voltee hacia la diáspora, hacia los detenidos, los deportados y hacia aquellos que llevan décadas sin poder regresar. Redefinamos su frase para convertirla en una política histórica: ni una visa, ni una deportación, ni un estatus migratorio definen a un mexicano. Millones de connacionales en Estados Unidos no le hablan al poder para destruirlo, sino para recordarle que México no termina en la frontera y que no debe abandonar a sus hijos.
Líder comunitario, analista y defensor de los derechos de la diáspora mexicana. Migrante en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, ha convertido su experiencia en una voz crítica y propositiva sobre migración, justicia y representación política.
Fue galardonado con el Premio Ohtli durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, uno de los más altos reconocimientos otorgados a mexicanos en el exterior.
Su trabajo integra reflexión espiritual, análisis jurídico y visión geopolítica, impulsando el concepto de “Poder Migrante” como eje de transformación social.
Ha participado en foros en Washington D.C. y espacios institucionales promoviendo reformas en favor de los mexicanos en el extranjero.
Actualmente desarrolla una obra sobre la diáspora mexicana y su impacto económico, político y humano en el siglo XXI.
