Ciudad de México. En un esfuerzo por garantizar el respeto a los derechos humanos de la diáspora mexicana, la diputada migrante Roselia Suárez Montes de Oca busca consolidar una ruta para la fiscalización del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre México y Canadá.
A través de gestiones directas ante la Comisión de Asuntos Migratorios, la legisladora promueve que las voces de los jornaleros sean vinculantes en las evaluaciones binacionales del programa.
La diputada Suárez ha sido fundamental para elevar un punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) a integrar formalmente a organizaciones sindicales, como la UFCW Canadá, en las mesas de revisión anual del programa migratorio.
Radiografía de la precariedad
La postura de la legisladora cobró dimensiones técnicas tras la exposición de Octavio Nava Manrique, representante del sindicato UFCW, quien presentó el “Informe 2025 sobre la situación de personas migrantes en Canadá”.
En su intervención, Nava desmitificó la infalibilidad del sistema canadiense al señalar que el país norteamericano falla estructuralmente en el cumplimiento de los compromisos de “trabajo decente” estipulados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nava detalló que, si bien el PTAT moviliza oficialmente a 28 mil mexicanos, el universo real de trabajadores bajo distintas modalidades de movilidad laboral asciende a los 80 mil, muchos de los cuales enfrentan una desprotección institucional alarmante.
El informe subraya que el modelo actual, centrado excesivamente en el control del empleador, vulnera la libertad de asociación sindical y deja a los trabajadores expuestos a condiciones de explotación y falta de seguridad en los campos.
Uno de los puntos más críticos expuestos por el activista fue la insuficiencia de la red consular mexicana. Nava advirtió que es humanamente imposible que el personal de los cinco consulados en Canadá supervise las más de 7 mil granjas existentes solo en la provincia de Ontario; una labor de inspección que, bajo el esquema actual, podría tardar hasta diez años en completarse.
Esta brecha institucional hace indispensable la alianza con organizaciones territoriales que sirvan como centros de apoyo directo para los jornaleros.
Sindicalización
Pese al sombrío panorama, el informe destacó un precedente histórico: la sindicalización de cuatro unidades de producción de champiñones en la Columbia Británica.
Según Nava, este logro fue impulsado por trabajadores mexicanos que llegaron a una “situación límite” en su dignidad, demostrando que la representación colectiva es la única vía real para equilibrar la balanza frente a las grandes corporaciones agrícolas.
Ante estos hallazgos, la Comisión de Asuntos Migratorios, con el respaldo de la diputada Suárez, acordó integrar estas demandas en una tarjeta técnica para la próxima reunión bilateral con el Parlamento canadiense.
El objetivo es transformar un sistema de migración “temporal” en uno de “movilidad informada” que garantice el derecho a la residencia, la salud en el retorno y, sobre todo, la protección de quienes hoy son considerados esenciales para la seguridad alimentaria de América del Norte.
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