Hay una forma particularmente eficaz de imponer el miedo sin nombrarlo: llamarlo “cumplimiento de la ley”. La entrevista de J. D. Vance en Mineápolis el jueves 22 de enero no es un ejercicio de transparencia ni una rendición de cuentas, es una pieza cuidadosamente construida de legitimación del terror administrativo; una operación retórica que busca transformar la angustia cotidiana de comunidades enteras en un daño colateral aceptable, casi necesario.
Vance no habla como un funcionario que responde por el poder; habla como un fiscal del desorden, alguien que llega con la sentencia escrita y sólo necesita fabricar el delito. Su discurso no describe una crisis: la produce. No observa el caos: lo invoca, lo amplifica y luego lo usa como coartada para justificar la ocupación federal de una ciudad estadunidense.
La estrategia es tan antigua como efectiva. Primero, deshumanizar la inconformidad. La ciudadanía que defiende sus calles deja de ser comunidad y se convierte en “agitadores de extrema izquierda”. El desacuerdo político muta en amenaza ideológica. La protesta pacífica se disuelve en un discurso de violencia latente. Así, cualquier expresión de resistencia queda automáticamente deslegitimada, no por lo que hace, sino por lo que supuestamente es.
El primer acto: convertir la disidencia en delito
A partir de allí, todo encaja. Si la ciudad es un hervidero de radicales, entonces la presencia masiva de agentes federales deja de ser intimidación y pasa a ser salvación. Si las calles son peligrosas, los operativos dejan de ser excesivos y se vuelven preventivos. El miedo no es consecuencia: es argumento.
Vance insiste obsesivamente en la “falta de cooperación” de autoridades estatales y locales. Pero lo que presenta como un problema administrativo es, en realidad, un desacuerdo político profundo: la negativa de gobiernos locales a participar en una maquinaria que ha demostrado producir trauma, separación familiar y persecución indiscriminada.
En el enfoque del vicepresidente, esa negativa no es un acto de conciencia institucional, sino una conspiración irresponsable que obliga al gobierno federal a actuar con dureza, y entonces aparece el segundo acto: la inversión moral. Quienes intentan limitar el daño son retratados como cómplices del caos; quienes lo generan son elevados a víctimas.
La utilización pretendida de información de instituciones sociales —registros de Medicaid, solicitudes de cupones de alimentos, datos judiciales— revela con crudeza el verdadero proyecto. No se trata sólo de aplicar la ley migratoria, sino de convertir el Estado social en un brazo policial. El mensaje implícito es devastador: acudir a una institución pública puede convertirse en una delación diferida. La ayuda social deja de ser derecho y se transforma en riesgo.
Esto no es eficiencia gubernamental, es intimidación estructural. Es el diseño consciente de un entorno donde la supervivencia cotidiana se vive bajo sospecha.
Cuando la retórica busca justificar lo injustificable
Si Vance promete “respetar los derechos civiles” y “no hacer nada innecesario”, lo hace después de haber redefinido qué es necesario. Y desde su marco de referencia, necesario es todo aquello que disuada, paralice y atemorice. El respeto a los derechos aparece como una cláusula decorativa, subordinada a un objetivo mayor: reinstalar el miedo como forma de gobernabilidad.
El episodio del niño de cinco años es quizás el momento más revelador de esta arquitectura discursiva. Vance finge horror sólo para desactivarlo de inmediato. El niño no fue arrestado, dice, como si la semántica pudiera borrar el trauma. Como si presenciar la captura violenta de un padre, la huida desesperada, la irrupción del Estado armado en la vida cotidiana, no fuera en sí mismo una forma de detención emocional.
La pregunta nunca es qué le ocurre a ese niño. La pregunta es cómo usarlo para justificar lo injustificable. La paternidad, en boca del vicepresidente, se convierte en una amenaza juiciosa: si no arrestamos padres, entonces nadie puede ser arrestado. Es un falso dilema diseñado para clausurar cualquier debate ético.
Algo similar ocurre con el caso de Renée Nicole Good. Vance sostiene, de manera taimada, que embistió a un agente del ICE, aun cuando las imágenes no lo confirman plenamente. No importa la duda; importa el efecto.
La ambigüedad se resuelve siempre a favor del poder. La tragedia se fragmenta hasta diluir la responsabilidad estatal. La muerte se vuelve un “malentendido”, una fatalidad inevitable en un entorno que, convenientemente, otros provocaron.
Éste es el corazón del dispositivo: el Estado nunca es culpable, sólo reactivo. Nunca agrede, sólo responde. Nunca aterroriza, sólo se defiende.
El terror, la incertidumbre, y la normalización del miedo
Mientras tanto, comunidades enteras viven bajo la presencia de agentes federales que no distingue entre culpables e inocentes, entre ciudadanos y migrantes, entre adultos y niños. El terror no necesita tanques ni toque de queda, basta con la incertidumbre permanente, con la sensación de que cualquier interacción cotidiana —ir a trabajar, llevar a un hijo a la escuela, acudir a una oficina pública— puede enfrentar una redada.
La administración Trump, a través de su vicepresidente, no busca apagar el incendio. Lo administra. Lo utiliza. Lo señala como prueba de que tenía razón desde el principio. El caos es el combustible del autoritarismo, y Vance lo sabe.
Mineápolis no es una excepción: es un laboratorio. Un ensayo de hasta dónde puede estirarse la legalidad sin romperse del todo, de cuánto miedo puede normalizarse antes de que deje de ser noticia. La entrevista no intenta convencer a los afectados; intenta tranquilizar a quienes no viven allí, a quienes necesitan creer que el terror es exageración mediática o culpa ajena.
Pero el lenguaje traiciona la intención. Cuando un gobierno necesita repetir tantas veces que respeta los derechos, suele ser porque ya ha decidido dónde va a ignorarlos. Cuando llama “cooperación” a la obediencia ciega, y “caos” a la resistencia, lo que realmente está haciendo es redefinir la democracia a su conveniencia.
No estamos ante un exceso aislado, sino ante una doctrina: gobernar mediante el miedo y justificarlo con palabras suaves. Y en esa doctrina, J. D. Vance no se conduce como moderador, sino como su traductor más eficiente.
Editor, vive en la Ciudad de México, nacido en Coahuila. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como reportero de fuente en medios informativos como Norte de Juárez y Diario de Juárez; laboró en el Suplemento Cultural Palabra, de Ensenada, Baja California.
