Miami / Ciudad de México. La respuesta ofrecida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada públicamente sobre el caso de Jacobo Hernández Rubio, joven migrante mexicano gravemente enfermo en Miami, fue calificada de evasiva.
Activistas y defensores legales añadieron que las palabras de la jefa del Ejecutivo federal fueron carentes de definiciones concretas, en un contexto marcado por casi un año de omisiones institucionales que mantienen al paciente fuera de la lista de espera para un trasplante que podría salvarle la vida.
Durante la conferencia matutina del pasado 2 de febrero, al ser interpelada por un periodista de la fuente sobre la falta de avances en el caso, la mandataria se limitó a señalar de manera breve que “el consulado está en contacto con él” y que la situación sería revisada.
Ante la insistencia del comunicador, quien subrayó que el expediente lleva prácticamente un año sin resolverse, la Presidenta optó por trasladar la responsabilidad al sistema de salud estadunidense.
La mandataria señaló: “ustedes saben cómo es el sistema de salud en Estados Unidos” y que los trasplantes enfrentan dificultades incluso dentro del propio territorio mexicano.
Una respuesta sin compromisos concretos desde Palacio Nacional
La declaración presidencial, lejos de anunciar una acción diplomática concreta, un cabildeo binacional de alto nivel o una instrucción directa a la cancillería, reiteró generalidades ya conocidas: que existe contacto consular, que se ha ofrecido un posible traslado y que la situación médica es “complicada”.
Finalmente, el tema fue cerrado con un vago compromiso de “revisar” para que el contacto continúe, sin anunciar medidas inmediatas ni asumir responsabilidad política directa sobre el caso.
Jacobo Hernández Rubio es un campesino indígena originario de Xilitla, San Luis Potosí, que migró a Estados Unidos como trabajador agrícola.
Durante su estancia en el estado de Georgia fue víctima de un ataque violento al recibir un disparo en el estómago, hecho que desencadenó una serie de complicaciones médicas severas.
Desde entonces, su estado de salud se ha deteriorado gravemente y requiere un trasplante multiorgánico que, de acuerdo con especialistas, sólo puede realizarse en el hospital de alta especialidad en Miami donde actualmente permanece internado.
Sin embargo, el acceso a este procedimiento depende de un requisito clave: contar con un seguro médico federal estadunidense que garantice el tratamiento postoperatorio.
Para ello, es indispensable la emisión de una carta de buena fe (Bonafide) por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), documento que acredita que el proceso migratorio está en curso.
Aunque Jacobo es elegible para una Visa U por haber sido víctima de un delito violento, los tiempos de espera son excesivos y el trámite permanece estancado, lo que lo mantiene en un limbo médico y legal.
Abogados denuncian omisión del Estado mexicano
El abogado Jorge Humberto Fernández Arraz, quien ha acompañado el caso desde sus primeras etapas, calificó el servicio del gobierno federal como una “omisión criminal”.
Recordó que tanto la Ley del Servicio Exterior Mexicano como la Ley General de Responsabilidades Administrativas obligan a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a los consulados a proteger de manera efectiva a los ciudadanos mexicanos en el extranjero, y no únicamente a declarar que “están atentos”.
Fernández Arraz denunció además que la estrategia institucional ha sido intentar trasladar a Jacobo a San Luis Potosí para realizar un trasplante que, según especialistas, implica una serie de dificultades difícil de resolver.
“Pareciera que están esperando a que este joven de apenas 26 años fallezca para lavarse las manos”, afirmó.
Desde el 30 de octubre pasado, el equipo legal pro bono encabezado por el licenciado José Manuel Godínez Samperio presentó una solicitud formal dirigida a la presidencia de la república para que se realice un cabildeo binacional al más alto nivel que permita destrabar la emisión de la carta bonafide.
Hasta ahora, esa petición no ha tenido una respuesta efectiva, pese a la urgencia médica documentada.
La solidaridad comunitaria frente al vacío institucional
Mientras las autoridades federales eluden definiciones claras, la comunidad migrante y organizaciones civiles en Estados Unidos han asumido un papel central en la supervivencia de Jacobo.
El pasado 1 de febrero, en Los Ángeles, se realizó una jornada comunitaria de recaudación de fondos descrita como un acto de solidaridad en medio de un ambiente de miedo por las recientes redadas migratorias.
Artistas, músicos, activistas y personas voluntarias organizaron rifas, subastas y presentaciones culturales para apoyar económicamente al joven y a su familia.
El contraste entre la movilización ciudadana y la respuesta institucional ha profundizado las críticas. Activistas como la socióloga y migrante Rosalinda Martínez han subrayado que, ante la ausencia de una acción diplomática decidida, la vida de Jacobo depende hoy más de la solidaridad comunitaria que de la política exterior del Estado mexicano.
Para defensores del caso, Jacobo Hernández Rubio se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de millones de migrantes mexicanos que, pese a sostener economías locales y nacionales, quedan atrapados entre la burocracia, la enfermedad y la indiferencia institucional.
El llamado dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido claro: que no permita que la evasión y la negligencia definan la política exterior de su gobierno y que asuma, sin rodeos, la responsabilidad política y humana que el caso exige.
Mientras el tiempo avanza y la salud de Jacobo se deteriora, cada respuesta vaga desde el poder reduce sus posibilidades de sobrevivir y refuerza la percepción de que, para el Estado, la vida de un joven migrante puede seguir siendo postergada entre trámites, excusas y silencios.
Editor, vive en la Ciudad de México, nacido en Coahuila. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como reportero de fuente en medios informativos como Norte de Juárez y Diario de Juárez; laboró en el Suplemento Cultural Palabra, de Ensenada, Baja California.
