Los Ángeles, California. Mientras las autoridades estadunidenses intensifican una estrategia de detenciones migratorias que ha golpeado de manera desmedida a trabajadores mexicanos con décadas de arraigo, el Consulado General de México en Los Ángeles hizo un desglose puntual del impacto humano de estas políticas.
Durante la primera audiencia pública del año, el cónsul Carlos González Gutiérrez presentó cifras que evidencian también una paradoja económica trasnacional: se criminaliza a quienes mantienen sectores enteros de la economía norteamericana y al mismo tiempo envían miles de millones de dólares en remesas a suelo mexicano.
El cónsul mexicano en Los Ángeles informó que entre el 6 de junio del año pasado y el 23 de enero de 2026 el consulado entrevistó a 1 610 personas mexicanas detenidas en centros migratorios.
Explicó que lejos de tratarse de migración reciente, los datos delinean un patrón claro de expulsión de población integrada: 47.3 % llevaba más de diez años viviendo en Estados Unidos, con casos de hasta cuatro décadas de residencia continua.
El componente de género refuerza el perfil laboral del fenómeno: 91.2 % de las personas detenidas son hombres, insertos principalmente en sectores de alta explotación y baja protección laboral como la construcción, la agricultura, el mantenimiento urbano y los servicios.
Añadió que a ello se suma que 36 % tiene hijas o hijos nacidos en Estados Unidos, lo que transforma cada detención en un factor de desestabilización familiar y comunitaria, más allá del ámbito migratorio.
Las cifras sobre los desenlaces administrativos refuerzan la lógica punitiva del sistema: casi la mitad de los entrevistados ya fue deportada, mientras que apenas 3 % logró su liberación mediante fianza o reconsideración, un margen que deja ver la escasa disposición institucional para valorar el arraigo, la contribución económica o los vínculos familiares como atenuantes reales.
Remesas: estabilidad económica en medio de la persecución
En este escenario de detenciones masivas, la visita de Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), puso sobre la mesa una dimensión incómoda del debate: mientras se refuerza la persecución migratoria, se perfeccionan los mecanismos para garantizar el flujo de remesas.
Mejía explicó que las tarjetas digitales Finabien permiten enviar dinero con comisiones reducidas y operar de forma binacional, incluso en contextos de alta vulnerabilidad migratoria.
La herramienta, presentada como un apoyo social, funciona también como un mecanismo de estabilización económica transfronteriza, asegurando que los recursos sigan transitando a México aun cuando quienes los generan enfrentan detención, deportación o separación familiar.
La posibilidad de recibir nómina, depositar efectivo en grandes cadenas comerciales y transferir fondos digitales revela una política económica que no cuestiona la precariedad estructural del trabajo migrante, sino que la administra. El mensaje implícito es claro: el sistema puede prescindir de la presencia física del trabajador, pero no de su aportación económica.
Entre protección consular y normalización del despojo
La participación de legisladores migrantes y el llamado del consulado a utilizar canales oficiales subrayan un esfuerzo institucional por mitigar daños. Sin embargo, las cifras presentadas dejan en evidencia una asimetría profunda.
Esto es que, frente al endurecimiento del control migratorio, las respuestas económicas se limitan a gestionar las consecuencias, no a disputar el modelo que criminaliza a una población indispensable para la economía estadunidense y estratégica para la mexicana.
Así, las detenciones migratorias y la política financiera dirigida a los migrantes aparecen como dos lados de un mismo fenómeno: exclusión jurídica y aprovechamiento económico, control territorial y dependencia de las remesas, castigo administrativo y estabilidad macroeconómica.
Esto se puede ver como un equilibrio que, una vez más, se sostiene sobre la vulnerabilidad de quienes cruzaron la frontera para trabajar.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
