La Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México (COPIM) emitió un pronunciamiento frente a la actual reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, donde calificó las propuestas de insuficientes.
Demandó el fin de las simulaciones políticas y exigió el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
La COPIM, organismo, que agrupa a diversas comunidades, así como liderazgos indígenas y afromexicanos, manifestó su rechazo a que se pretenda suplantar sus derechos político-electorales mediante la figura de “acciones afirmativas” en la Constitución.
Para la organización, estas medidas deben ser consideradas únicamente como un “piso mínimo transitorio” y no como un sustituto de una legislación de fondo.
La Coordinadora subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de reconocer a los pueblos indígenas con personalidad política propia y facultades exigibles.
Denunciaron que el uso de cuotas o acciones afirmativas sin candados estrictos ha permitido la usurpación y apropiación indebida de espacios de representación por parte de actores que no pertenecen a las comunidades.
Participación directa
En un comunicado difundido a medios, expresan la exigencia de mecanismos que permitan la postulación directa de representantes indígenas sin la intermediación obligatoria de los partidos políticos.
Esta demanda se sustenta en el artículo 2° constitucional, que establece la garantía de una representación efectiva que incluya con equidad a las mujeres indígenas.
Asimismo, la COPIM señaló una grave omisión legislativa y exige el cumplimiento del artículo 3º transitorio de la reforma constitucional de 2024.
Dicho artículo ordena la expedición de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Consulta Indígena, ambas con plazos ya vencidos.
Exigencias institucionales y cauce legal
La Coordinadora planteó una ruta crítica para la transformación profunda de los órganos electorales.
Demanda una reforma estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que garantice una integración indígena real en sus consejos generales, locales y distritales, así como en la Defensoría Pública Federal.
A la par de estas modificaciones orgánicas, la COPIM instó al Poder Judicial de la Federación a resolver con prontitud el Juicio de Amparo indirecto 908/2025, promovido por ellos mismos ante la omisión legislativa que ha frenado sus derechos.
Finalmente, recordaron al Estado Mexicano que, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución, cualquier reforma o acto legislativo que impacte a las comunidades debe estar precedido por una consulta previa, libre e informada que cuente con pertinencia cultural y el consentimiento de los pueblos involucrados.
La COPIM, respaldada por una amplia red de organizaciones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California, hizo un llamado a la ciudadanía y a la academia para articular una estrategia común que detenga los retrocesos y garantice la libre determinación de los pueblos de México.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
