Diciembre es un mes de fechas que deberían resonar con fuerza en la conciencia de nuestras instituciones. El día 10 conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, y el 18 el Día Internacional del Migrante. Es una ironía dolorosa que, mientras nuestro país se ostenta como firmante de tratados internacionales y protector constitucional de sus connacionales en el extranjero, la realidad nos devuelva historias de abandono y negligencia burocrática.
El caso de Jacobo Hernández Rubio es el rostro de esta contradicción. Jacobo nació en octubre del año 2000 en El Naranjal, municipio de Xilitla, San Luis Potosí, una región marcada por la extrema pobreza. Buscando una vida mejor para él y para sus padres —su principal motor—, salió con una visa de trabajo hacia los Estados Unidos.
Sin embargo, el sueño se truncó violentamente el 23 de diciembre de 2024, cuando fue baleado, sufriendo daños severos en múltiples órganos vitales. Si Jacobo ha sobrevivido este año, ha sido por su juventud, su voluntad inquebrantable y el deseo de seguir ayudando a su familia, cuya lengua materna es el náhuatl.
Lo que hoy denuncio es la omisión criminal del Gobierno Federal. La Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley General de Responsabilidades Administrativas obligan al Secretario de Relaciones Exteriores y a los cónsules a proteger a nuestros ciudadanos. No basta con decir que “están atentos” o que han brindado apoyos económicos menores. La realidad es que han pretendido trasladar a Jacobo a San Luis Potosí para un trasplante multiorgánico que, técnicamente, no es viable realizar en México con el nivel de especialización que requiere; ese procedimiento sólo puede hacerse en el hospital especializado de Miami, ciudad donde se encuentra actualmente.
Pareciera que la estrategia de Juan Ramón de la Fuente y sus subalternos es esperar a que este joven de apenas 26 años fallezca para sacudirse el polvo de las manos y tranquilizar sus conciencias. No se les pide un imposible: se les exige gestionar al más alto nivel una carta de buena fe ante las autoridades norteamericanas. Este documento es la llave para que Jacobo entre en la lista de espera para el trasplante que le salvaría la vida.
Yo acuso a Juan Ramón de la Fuente y a los cónsules de Orlando y Miami por no cumplir con su deber legal, moral y ético. Es inaceptable que una familia disgregada por la pobreza tenga que enfrentar, además, el muro de la indiferencia de su propio gobierno.
Hago un llamado de alerta (SOS) a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: no permita que la negligencia defina su política exterior. Atiendan a Jacobo y a los millones de mexicanos que sostienen a este país desde afuera. Con o sin el concurso de los funcionarios señalados, seguiremos apoyando a la familia Hernández Rubio. La responsabilidad política y humana de lo que suceda recaerá plenamente sobre quienes hoy deciden mirar hacia otro lado.
