Un análisis del Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados de México, considera que la salud de la democracia en Estados Unidos depende de los gatekeepers (guardianes) institucionales, en su tarea de filtrar y moderar eficientemente los límites del poder.
Así, la Corte Suprema como guardián institucional de la Constitución se encuentra ante decisiones que pondrán a prueba los contrapesos y definirán el futuro de la arquitectura constitucional estadounidense.
El conflicto central radica en la tensión inédita generada por diversas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, quien cuenta con una Corte Suprema de mayoría conservadora (6-3) y favorable a la teoría del Ejecutivo unitario, que postula amplios poderes para el presidente.
La Administración parece haber desplegado una estrategia de litigación múltiple para que algunos asuntos logren cruzar el umbral de la Corte y reconfiguren la arquitectura constitucional a través del “derecho viviente”.
Principales batallas
Uno de los litigios cruciales es Trump v. Casa, INC., relativo a la Ciudadanía por Nacimiento. La Administración Trump busca anular el principio de ius soli establecido en la 14ª Enmienda. El 20 de enero de 2025, el presidente firmó una Orden Ejecutiva para negar la ciudadanía a menores nacidos en territorio estadounidense cuyos padres carezcan de ciudadanía o residencia legal permanente.
Esta orden ha sido vista como una confrontación directa a la 14ª Enmienda y a una tradición doctrinal centenaria que garantiza la plena ciudadanía a toda persona nacida en el territorio, independientemente de la condición migratoria de sus ancestros.
El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que esta medida se enmarca en una cuestión de seguridad nacional para evitar incentivos a la migración irregular y la “industria turística del parto”.
Tras reveses en cortes de apelaciones (1º y 9º circuito) que calificaron el intento del Ejecutivo como “flagrante”, la Corte Suprema concedió una victoria procesal al Gobierno en junio mediante un shadow docket (6-3), limitando el alcance de las medidas cautelares a las personas o entidades demandantes en cada caso.
El DOJ presentó formalmente una petición de certiorari el 29 de septiembre, y si la Corte convalida la postura de Trump, se rompería con una tradición doctrinal centenaria.
Perfilamiento racial
Otro asunto en disputa es Vásquez Perdomo v. Noem, relacionado con las Redadas Migratorias y el Perfil Racial. El Gobierno ordenó intensificar las redadas migratorias en mayo de 2025, autorizando a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a realizar detenciones sin orden judicial, basándose en criterios de perfil racial como la apariencia física, el idioma, el acento o el lugar de ubicación.
Organizaciones de derechos civiles alegan que estas detenciones vulneran la 4ª Enmienda (protección contra detenciones arbitrarias). Aunque una jueza federal suspendió estas facultades en julio, prohibiendo el perfilamiento racial, el 8 de septiembre la Corte Suprema (6-3), utilizando el shadow docket, suspendió esa orden cautelar y permitió al ICE retomar las redadas con los criterios cuestionados.
La magistrada Sonia Sotomayor disintió, advirtiendo que la decisión tenía como destinatario principal a la población latina. La resolución del fondo del caso definirá si la raza, el idioma o el acento pueden servir como base suficiente para una detención.
Despliegue militar en territorio de EU
Un tercer caso de separación de poderes es el Distrito de Columbia v. Trump, sobre el Despliegue de la Guardia Nacional. En agosto de 2025, el presidente ordenó el despliegue de 2 mil 500 efectivos en ciudades gobernadas por la oposición, como D.C., Chicago y Los Ángeles, bajo el argumento de restaurar la ley y el orden.
Los demandantes argumentan que el uso de tropas en tareas policiales viola la Posse Comitatus Act (1878), la cual prohíbe el uso de fuerzas armadas federales para seguridad interna sin autorización del Congreso.
Jueces en California e Illinois han bloqueado los despliegues, señalando que la justificación de “zona de guerra” es una exageración. El DOJ solicitó una apelación de emergencia a la Corte Suprema el 17 de octubre para el caso Chicago, pero la Corte mantuvo la suspensión y requirió información adicional antes de pronunciarse.
Este despliegue es visto por algunos como un “peligroso ensayo de autoritarismo” que castiga a ciudades opositoras y erosiona el federalismo.
Aranceles cuestionados
Finalmente, el litigio U.S. Chamber of Commerce v. Trump versa sobre los Aranceles Globales. El presidente invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer un arancel generalizado del 10% a todas las importaciones globales, declarando una emergencia de seguridad nacional vinculada a la “competencia económica desleal”.
Esta acción es controversial, ya que la Constitución (Artículo I, Sección 8) otorga al Congreso el poder exclusivo de establecer aranceles. Los demandantes alegan que el Ejecutivo ha usurpado esta función. A pesar de que el Tribunal de Comercio Internacional y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal bloquearon la medida por exceder la autoridad de la IEEPA, el DOJ presentó una petición de certiorari el 15 de octubre.
La Corte escuchó alegatos el 5 de noviembre, y los reportes indican que existe escepticismo entre los jueces conservadores sobre la legalidad de los aranceles. Este es considerado el caso de separación de poderes más importante en décadas. Si la Corte falla a favor de Trump, le otorgaría al presidente una autoridad unilateral casi ilimitada en política comercial mediante declaraciones de emergencia.
Reflexiones Equilibrio de Poderes
La manera en que la Corte decida (incluyendo su uso del shadow docket) fijará el rumbo de la interpretación constitucional: si se consolida una Presidencia con facultades extraordinarias o si se reafirma un sistema genuino de división de poderes.
La teoría del Ejecutivo unitario subyace a casi todos los expedientes. Si la Corte valida las interpretaciones expansivas de la Administración Trump, moverá el centro de gravedad del sistema hacia la Casa Blanca. Si, por el contrario, marca límites nítidos, recordará que ni la seguridad nacional ni la gestión del comercio exterior son “cheques en blanco” para decidir fuera del marco normativo.
El uso intensivo de resoluciones de emergencia (shadow docket) sin justificación extensa es, en sí mismo, una encrucijada institucional que erosiona la previsibilidad.
La Corte debe decidir si actuará como un auténtico gatekeeper de la democracia o si se limita a ser un administrador que decide el paso “por la vía sumaria” ante el umbral de la ley.
Iniciativa periodística impulsada a principios de 2024 por periodistas, comunicadores y lìderes sociales, en su mayor parte mexicanos residentes en Estados Unidos.
