Diáspora mexicana exige Reforma Electoral inclusiva en audiencia pública de Sacramento

La segunda audiencia pública sobre la Reforma Electoral se relizó el 5 de noviembre en Sacramento, California y fue convocada por la Comisión Presidencial con el objeto de modernizar las formas de efectuar los procesos electorales y fortalecer la democracia.

En esta ocasión, la audiencia se celebró en el Consulado General de México de esta demarcación de California con la participación del presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez Álvarez, y el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel.

Cárdenas Batel explicó que la Comisión está realizando un ejercicio de participación amplio y abierto, asegurando que no existe una propuesta pre-aprobada y que el objetivo es construir la iniciativa consultando a la ciudadanía.

Los organizadores reconocieron que México no está completo sin sus compatriotas que viven fuera de sus fronteras, quienes mantienen un sólido vínculo con sus comunidades de origen y contribuyen de muchas maneras, a pesar de las deudas históricas pendientes que existen con ellos.

Pablo Gómez Álvarez destacó que la pertenencia orgánica a la nación mexicana debe contener por sí misma los derechos de ciudadanía, incluidos los derechos electorales y de asociación política.

Desafíos y demandas comunes de la diáspora

Los ponentes señalaron la gran disparidad entre la población mexicana en el exterior, que supera los 40 millones en Estados Unidos, y su participación electoral. Aunque el voto creció 82 % entre 2018 y 2024, Maribel Solache González, diputada federal migrante, lamentó que menos de 2 % de la diáspora votó, lo cual, apuntó, no es desinterés sino un reflejo de un sistema que no facilita el voto.

Noriega Mendieta, por su parte, exigió que los “candados” que les han bloqueado sean eliminados y tirados “al basurero de la historia”.

Frente a esta situación, múltiples participantes presentaron propuestas coincidentes para lograr una reforma transformadora:

Una de las peticiones más recurrentes fue la instauración del voto electrónico trasnacional, que debe ser seguro y accesible. Omar Silva Aguilar, consultor legal, propuso específicamente la creación de una identidad digital electoral mexicana vinculada al pasaporte y validada mediante biometría facial y firma electrónica avanzada; esto transformaría el voto desde el exterior de un “privilegio lejano” a un derecho accesible.

Otro punto crucial es la eliminación de la burocracia en el registro, de este modo se demandó que el Registro Federal de Electores (RFE) elimine la obligación de reinscribirse a los mexicanos en el extranjero en cada proceso electoral.

Maribel Solache González y José de Jesús Hernández Peña propusieron que la lista nominal en el extranjero sea permanente y que la persona se integre automáticamente al obtener su credencial, para evitar el “doble trámite”.

Luis Fernando Alvarado Alemán y otros, por su parte, pidieron que se permita utilizar la matrícula consular o el pasaporte como documentos oficiales para ejercer el voto.

Representación política: de lo simbólico a lo sustantivo

En cuanto a la representación política, se consideró que la actual es simbólica. Así, se sugirió aumentar el número de diputaciones migrantes a diez y reservar cuatro escaños en el Senado. Valentín Ramírez, en tanto, propuso una representación mucho mayor, y solicitó 52 diputados y seis senadores elegidos por el voto de la diáspora.

Adicionalmente, se hizo hincapié en la necesidad de que los mexicanos en el exterior puedan votar por gobernadores y presidentes municipales, ya que mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de origen.

Luis Magaña, de Organización de Trabajadores Agrícolas de California, hizo un llamado a enfocarse en el Valle Central de California, una de las zonas más pobladas por mexicanos en Estados Unidos, y propuso realizar “miniforos” o “miniconsultas” para recoger los la opinión de las comunidades más marginadas, incluidas las indígenas.

Finalmente, se solicitó más apoyo para el proceso de credencialización, y Enrique Hernández Hernández pidió que se ponga una ventanilla u oficina permanente en cada consulado, específicamente para la credencialización, con su propio presupuesto y más publicidad, debido a que la gente se va “totalmente desinformada”.

Testimonios y exigencias individuales

Las historias personales subrayan el costo humano de la lucha democrática, señaló Ángel Noriega Mendieta, del Movimiento Nacional Consular, y recordó el trabajo realizado desde 1988 y la desesperación del “voto ausente 2000”.

Refirió que tras serles negado el derecho al voto por los presidentes Zedillo y Fox, la comunidad organizó un voto simbólico utilizando “urnas de cartón” cortadas y pintadas para demostrar que el alto costo no era el problema.

Arnulfo Díaz Cortés, de Migrantes Latinos de California, relató a su vez las deficiencias del proceso de 2018 en Sacramento, donde de las cinco computadoras que se trajeron para el registro, una de ellas “todo el tiempo estuvo descompuesta”. Él mencionó que cientos de personas se quedaron formadas en filas que se extendían hasta a la calle, y sin poder votar.

Víctor Hugo Rodríguez (Promotor de Cultura) recordó que la gente de campo, que él representa, es la segunda potencia económica de México a través de las remesas. Insistió en el derecho a votar por el presidente municipal porque ésos son los representantes a los que pueden exigir en sus pueblos.

Leonel Flores, de Coalición Primero de Mayo, quien se unió al activismo de Noriega en los 90, recordó haber usado una “casilla revolucionaria” en un carrillete y propuso llevar las elecciones a centros comunitarios e iglesias, no sólo a los consulados, para facilitar el voto a quienes viajan dos horas o más.

José Ireta, un dirigente comunitario del Valle Centra,) lamentó que en las elecciones anteriores en Fresno, de cinco casillas, una no funcionó, y mucha gente se quedó molesta afuera queriendo votar.

Jesús Horacio Vélez Magos propuso incrementar la Cámara de Diputados de 500 a 600 posiciones para mejorar la representatividad ciudadana, y que la observación electoral sea permanente.

María Cristina Valdés, de Juárez Unión, y Valentín Ramírez, de Mexica Solidarida,) también se unieron a la exigencia del pleno derecho a votar y ser votados. Ramírez impulsó la iniciativa para crear la figura de cónsules migrantes elegidos por ley, esperando que esta reforma abra la oportunidad para que los mejores representantes se postulen.

Al cerrar la audiencia, Pablo Gómez Álvarez reconoció que el Estado mexicano vio la migración desde un punto de vista sociológico y económico por muchos años, sin analizar el conjunto de elementos de ciudadanía.

Afirmó que la Comisión está obligada a presentar un anteproyecto que abarque esta situación especial, pues la migración es única por su cantidad y calidad, y es parte integrante de la economía y cultura nacional.