El gobierno de Javier Milei continúa su avance inexorable a pesar de sus propias e internas contradicciones. Este fenómeno no se debe únicamente a la fortaleza de sus políticas, sino a la alarmante ausencia de una oposición del campo nacional y popular que lo enfrente con un programa propio, alternativo y transformador.
Mientras la Unión por la Patria se dedica a tratar de negociar espacios para evitar la pérdida de diputados, senadores debido a las divisiones internas del peronismo —se puede observar las claudicaciones de gobernadores que hoy negocian con el Ejecutivo— la realidad económica y social se deteriora rápidamente.
El precio de la ausencia programática
Los datos de la realidad son contundentes: se conoce la caída de la producción metalúrgica de casi 5 %, y el cierre de empresas se acelera. Un ejemplo notorio es la fábrica de lavarropas Whirpool, inaugurada hace apenas tres años con una inversión de 52 millones de dólares, y que se presentó como de las más modernas del mundo, acaba de dejar a 300 personas en la calle para importar los electrodomésticos que antes fabricaba, justificando la decisión por la caída de las ventas.
A esto se suman otros 600 despidos en grandes empresas esta semana, mientras el Presidente se prepara para dejar sin trabajo a cerca de 30 000 empleados públicos durante las próximas semanas. Paralelamente, el gobierno está operando la destrucción del aparato productivo y la entrega de recursos naturales mediante decretos y reformas legislativas.
En la industria vitivinícola, la desregulación de controles preventivos y continuos abre la puerta a la competencia desleal y el deterioro de la calidad, favoreciendo sólo a una pequeña cantidad de bodegas que monopolizarán la producción y exportación. Una situación idéntica se vive con la yerba mate, donde la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular precios y oferta, ha dejado a miles de pequeños productores a la deriva. Estos productores denuncian haber tenido que vender sus tierras a un reducido grupo de grandes industrias molineras.
La agenda de la servidumbre: educación y trabajo
Las acciones del gobierno apuntan a cambios estructurales profundos y regresivos. Se ha filtrado que, tras la asunción de nuevos legisladores el 10 de diciembre, se buscará una profunda reforma educativa con el objetivo de derogar la Ley Nacional de Educación. Esto terminaría con el derecho a la educación como un bien público, de calidad, gratuita, inclusiva y equitativa garantizada por el Estado.
La propuesta es reemplazarla por un sistema donde cada institución defina sus planes de estudio, contrate libremente a docentes, y la libertad educativa quede al criterio del mercado y las familias. La fuente advierte que “un pueblo inculto es fácil de dominar”, viendo esta medida como una forma de que los pobres no accedan a la educación, creando “nuevos esclavos”.
Esta reforma se complementa con la intención de llevar a cabo una reforma laboral en sesiones extraordinarias del Congreso, con la mira puesta en retrotraer los derechos laborales al año 1900.
Y la incertidumbre económica no hace más que crecer. El último anuncio fue la próxima eliminación de subsidios energéticos residenciales a partir del 1 de enero, lo que sumaría un aumento que podría llegar a 30 %, adicional a los incrementos ya sufridos tras la asunción de Milei, que variaron entre el 500 y 900 % de las tarifas.
La oposición sin brújula y la complicidad silenciosa
Esta incertidumbre social carece de contención y dirección política. Nos encontramos con una oposición que no da respuestas, ni siquiera se escandaliza ante la intervención directa en la economía del gobierno norteamericano, personificada en un ministro que aplica las directivas de Washington y Wall Street. Es una oposición sin respuesta, sin liderazgo que oriente a la sociedad con propuestas concretas.
En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) se posiciona como una “gran cómplice”, pues su nueva dirección afirma que “hoy no hay condiciones para un paro general” ante estas medidas.
Mientras tanto, lo que sí avanza es la represión. Se ha creado la Agencia Nacional de Migraciones —una copia burda y literal de la existente en Estados Unidos—, modificando el control migratorio y de fronteras. Esta nueva agencia reemplazará a la Gendarmería en el control fronterizo y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en aeropuertos, ya que estas últimas fuerzas están siendo entrenadas y utilizadas en la represión a las protestas, como las que realizan los jubilados todos los miércoles.
El gobierno avanza destruyendo derechos, la calidad de vida de la población, y el aparato productivo. El peligro actual en Argentina no es solo la agresividad de las políticas implementadas, sino la incapacidad de la oposición para articular y ofrecer un camino alternativo.
Un analogía: la situación actual se asemeja a un barco que navega en una tormenta violenta, con un capitán que intenta dinamitar el casco —el gobierno de Milei—, mientras que la tripulación que debería estar al mando de la reparación y el rescate —la oposición—, está discutiendo en qué camarote sentarse, dejando a los pasajeros sin un mapa ni un salvavidas funcional.
Secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, integrante del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, Corresponsal de Cubainformacion.TV – fotógrafo – Analista político – Licenciado en Administración
