Argentina impone reformas laborales extremas y entrega recursos a extranjeros

Buenos Aires, Argentina. Tras las recientes elecciones, el gobierno se ha mostrado decidido a avanzar “como topadora” contra todos los derechos y materializar la entrega de las riquezas nacionales a los grandes capitales.

Aunque la letra chica de los acuerdos con la administración Trump, el Departamento del Tesoro y los grupos económicos que efectúan el salvataje financiero ante el “descalabaro general de la economía libertaria” no es pública, se confirma que esta aceleración de políticas se da en un contexto de apoyo explícito de Estados Unidos.

El Wall Street Journal reveló que el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos podría facilitar el acceso de empresas norteamericanas al uranio argentino.

En consonancia con este plan, ya se ha iniciado la puesta en venta de las empresas que controlan y desarrollan la energía nuclear en el país, así como la que administra las hidroeléctricas. Estas medidas apuntan a aplicar las recomendaciones exigidas por Washington, profundizando la línea de entrega y sumisión en el gabinete.

Apenas finalizadas las elecciones, la Cámara de Comercio norteamericana en Buenos Aires demandó de inmediato una reforma laboral. Los voceros libertarios rápidamente hicieron eco de los aspectos que se planean presentar en el Congreso o implementar por decreto. Entre las propuestas más polémicas se encuentra la intención de llevar la jornada laboral hasta las 13 horas.

Además de la jornada extendida, las reformas incluyen la eliminación de las indemnizaciones por despido. También se contempla la implementación de un salario “dinámico,” una figura que permitiría a la patronal reducir unilateralmente el importe a pagar si sus ganancias o ventas se ven afectadas. En cuanto a las prestaciones, se busca que las vacaciones se apliquen cada dos años, y que su fragmentación sea decidida por la patronal.

Mientras el gobierno busca el apoyo para estos proyectos —el presidente se reunió con 20 de los 24 gobernadores para intimarles a que lo respalden en todas las propuestas—, la oposición permanece sumida en una “parálisis política e interismo brutal”.

Paralelamente, el denominado círculo rojo del poder autóctono (Roca, Techín, Magneto, Clarín, JP Morgan) impulsa la política de alejamiento de China y un plan que solo genera ganancias financieras que se fugan al exterior.

Todo esto ocurre en medio de una crisis que ya apunta a la recesión, la caída del consumo, el incremento de las deudas familiares, el cierre de 18 mil empresas y la destrucción de 312 mil empleos (254 mil privados y 58 mil públicos).

El relato oficial se contradice con la brutal represión social. Los jubilados que desde hace meses se concentran frente al Congreso para exigir aumentos en sus haberes, medicamentos y dignidad, volvieron a ser reprimidos.

Más de mil efectivos federales fueron desplegados para golpear y gasear a 300 jubilados, una muestra del “despropósito” de este gobierno y su decisión de reprimir a la oposición al “mejor estilo de la dictadura militar”.