Los Ángeles, California. Una vergonzosa y terrible estrategia conocida como el “Operativo Caballo de Troya” se llevó a cabo en California, en desafío directo a una orden judicial federal que prohibe las redadas arbitrarias y la detención de inmigrantes sin antecedentes criminales.
La medida surge después de que el gobierno de “el señor de la Casa Blanca” viera una disminución significativa en sus números de detenciones tras el dictamen de la juez, lo que lo llevó a buscar una forma encubierta de operar.
El nombre “Caballo de Troya” se adoptó por su similitud con la antigua estrategia de infiltración para destruir o entrar al corazón de una ciudad. Los agentes federales se infiltraron utilizando un camiones de mudanzas, de la firma Penske, que obligó a la empresa a difundir un comunicado en el que aclara que sus vehículos que no están destinados al transporte de personas.
El engaño
Antes de las detenciones, individuos se presentaron en el Home Depot de West Lake y el de Los Ángeles California, asegurando que tenían necesidad de muchos trabajadores para el día siguiente y que los recogería temprano.
Esta promesa era en realidad una “carnada” para atraer a la gente que busca trabajo y el sustento de sus familias.
Al día siguiente, los agentes, escondidos dentro de los camiones de mudanza, salieron del compartimiento de carga de los camiones “como manada de animales” para arrestar a las personas.
En un solo día, el miércoles, se reportaron arrestos de entre 15, 20 y 25 personas que esperaban ser recogidas en Home Depot para trabajar. También se detuvo a vendedores ambulantes que ofrecen productos esenciales como tamales o atoles.
Las detenciones se han extendido a iglesias, escuelas, restaurantes, centros de trabajo y otros lugares “menos pensados”, incluso dejando a niños solos en vehículos tras la detención de sus padres.
Este operativo contó con el apoyo del comandante de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, y el fiscal interino Bill Essayli, quienes justifican estas acciones como la única manera de detener a la gente indocumentada, a pesar de que la mayoría son trabajadores.
Las consecuencias de este operativo son profundas y multifacéticas:
Daño a familias y economía: El operativo daña a familias enteras, tanto en Estados Unidos como a aquellas en sus países de origen que dependen de las remesas, ya que los familiares detenidos ya no pueden enviar dinero. Esto genera una pérdida de trabajadores esenciales en sectores como la construcción, jardinería, reparación, limpieza, agricultura y fábricas. Esto, a su vez, lleva a que los productos en los estantes sean “sumamente caros” o no lleguen a las mesas, y hay una escasez de mano de obra para tareas cruciales, como la reparación de hogares calcinados por incendios en California.
Percepción del gobierno: El gobierno del “señor de la Casa Blanca” ha quedado “totalmente manchado”, con una caída del 16% en su apoyo y una fuerte oposición pública a sus políticas. Se critica que las autoridades no respetan las leyes ni las órdenes judiciales.
Respuesta de la comunidad y organizaciones: Organizaciones importantes de California como Chirla, representadas por su directora ejecutiva Angélica Salas y Marta Arévalo, de the Central American Resource Center (CARECEN), han llamado a la comunidad a la acción. Se ha convocado a un paro laboral y económico para el 12 de agosto, un lunes, invitando a todos a marchar y protestar desde el Macarthur Park hacia el centro de detención B18 de Los Ángeles California, y otra manifestación por la tarde desde Placita Olvera hacia el mismo centro. Se insta a la comunidad a no trabajar, no ir a la escuela y no comprar en tiendas que han apoyado estas redadas, como Home Depot, Walmart, Target y restaurantes de comida rápida. En su lugar, se promueve apoyar a pequeños negocios y vendedores ambulantes para que las grandes empresas “sientan el peso del poder de los inmigrantes como consumidores”.
