Hay una creciente erosión de libertades civiles y avance de tendencias autoritarias en Estados Unidos, similares al periodo del fascismo alemán. Tras la aprobación de la “Big Beautiful Bill” o “Ley de la Gran Estafa y Mentira Trumpista”, se consolida lo que algunos perciben como la segunda fase de un proceso autoritario.
Aunque el economista Richard Wolf sugiere que aún no se ha alcanzado plenamente una etapa fascista, la dirección del gobierno de Donald Trump indica claramente esa ruta. En este contexto, la conversación política fluye entre la crítica a la representación republicana, que aprueba un gobierno de corte autoritario, y la bancada demócrata, señalada por su cercanía con cabilderos israelíes.
Expertos como Timothy Snyder consideran la organización de coaliciones como un paso esencial si la tendencia es fascista.
La preocupación se extiende al ámbito de la libertad de expresión, con académicos y periodistas como Chris Hedges, Maura Finkelstein y Jason Stanley analizando la corrupción e incompetencia del gobierno actual y la reducción global de los espacios democráticos. Ejemplos concretos de esta represión incluyen el despido, coartamiento y arresto ilegal de universitarios por ejercer su libertad de expresión. Tal es el caso de Maura Finkelstein, quien fue investigada y posteriormente despedida del Muhlenberg College tras un mensaje en Instagram considerado antisionista, enfrentando acusaciones infundadas y etiquetas peyorativas a pesar de su herencia judía.
Alex Padilla, senador por California propone
Paralelamente, la comunidad latina ha elevado su voz ante la crisis migratoria. El senador Alex Padilla se pronunció el 25 de julio a favor de una ley que actualice el sistema migratorio, buscando asegurar la permanencia legal para quienes hayan residido en Estados Unidos por 7 años o más, pagado impuestos, contribuido a la comunidad y carezcan de antecedentes penales. Esta iniciativa surge como respuesta a las “crueles redadas y deportaciones masivas” de Donald Trump, que han arrancado a inmigrantes de sus hogares, trabajos y familias. Los estados, conscientes de una mejor forma de tratar a la comunidad inmigrante con respeto y dignidad, buscan alternativas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y la bancada demócrata del Congreso tejano, colaboran en una estrategia conjunta para proteger los distritos electorales que concentran al 50 por ciento de la población latina en Estados Unidos, ante los planes de Trump de desmantelarlos y reducir la representación de esta comunidad en el Congreso.
El reciente retiro de 700 marinos de Los Ángeles el 21 de julio, desplegados por Trump a pesar de objeciones locales, fue un alivio pero el régimen ha expandido significativamente su red de detenciones, utilizando instalaciones militares como las bases de Nueva Jersey, Indiana y Guantánamo en Cuba. A la fecha, se han detenido 57 mil personas, muy por encima del límite del sistema de 41 mil camas. El Departamento de Seguridad Nacional continúa firmando contratos para disponer de personal e infraestructura para hacer mas detenciones, incluyendo acuerdos con el sistema de prisiones y, ahora, con el Pentágono, que ya despliega la Guardia Nacional para asistir a ICE.
Centros de detención al tope
Las denuncias sobre las condiciones en los centros de detención son alarmantes. Ciudadanos han expresado su repudio, y se reportan casos como el de George Retes, ciudadano americano, veterano de guerra y discapacitado, detenido violentamente por ICE en Los Ángeles, sin información sobre cargos, sin contacto con familia o abogado, y sometido a condiciones deplorables, incluyendo agresiones verbales, gas lacrimógeno, falta de higiene y privación de sueño.
La representante estatal demócrata de Florida, Ashley Bishop, ha identificado a cientos de individuos sin antecedentes criminales detenidos en centros como Alligator Alcatráz y la prisión del Condado de Orange, muchos de ellos trabajadores esenciales que contribuyen con impuestos y huyen de persecución en sus países. Las experiencias descritas en estos centros son calificadas de “horribles”. Además, se han registrado deportaciones de filipinos, cubanos y venezolanos con visas válidas, incluso algunos que votaron por Trump. El muralista brasileño Guillermo Cardoso y Silva también fue detenido, indicando una normalización de las detenciones masivas y el desvanecimiento del sistema legal tradicional de inmigración, lo que difumina la línea entre la autoridad militar y civil.
Los niños, el eslabón más débil
La situación para los niños que cruzan la frontera solos es particularmente vulnerable. El proceso de reunificación familiar se ha vuelto más complicado bajo la administración actual, exigiendo pruebas de ADN, empleo y entrada legal al país, lo que puede llevar a que los niños permanezcan prolongados periodos en custodia del gobierno (desde un mes hasta 217 días o más) en lugares no diseñados para albergarlos, incluso cuando las familias presentan evidencia de parentesco y cuidado.
La ciudadanía en general también se ha manifestado, como en el caso del apoyo al comunicador Stephen Colbert tras su despido del “Late Show”. Asimismo, el movimiento “Indivisible” y la manifestación contra el vicepresidente Mike Pence en Nantucket.
En Covington, Kentucky, manifestantes pacíficos a favor del pastor Aiman Soliman, detenido por ICE y en proceso de deportación, fueron provocados, amenazados con armas, golpeados, arrestados e imputados de “insurrección y desobediencia”.
Las entrevistas y reportajes conjuntos, como el de “Americans for Immigrants Justice” y “Human Rights Watch,” revelan condiciones peligrosas y abusivas en centros de detención de Miami, incluyendo la obligación de comer “como perros” con las manos esposadas.
La situación refleja una preocupación generalizada sobre la dirección que toma el país.
