Los Ángeles, California. La política migratoria del gobierno de Donald Trump genera una profunda división y movilización en Estados Unidos, con un incremento en las acciones federales, la militarización y una robusta respuesta por parte de la sociedad civil y el poder judicial.
El pasado 16 de julio, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el retiro de 2 mil, de los 4 mil militares de la Guardia Nacional desplegados en California por el gobierno federal, y reiteró que dicho despliegue nunca fue necesario. Newsom calificó la presencia militar como una “provocación a la violencia” que ha causado caos, daños a familias, comunidades y a la economía local. Destacó que pequeños y medianos negocios han perdido entre el 60 y 70 por ciento de sus ganancias, y en algunos casos hasta el 80 por ciento, pérdidas incluso mayores a las registradas durante la pandemia de COVID-19.
Relató que una mujer de 86 años, con ciudadanía desde 1986, comparó el sonido de los helicópteros con sus experiencias en la infancia, expresando síntomas de estrés postraumático (PTS). El gobernador advirtió que estas operaciones no se limitan a California, sino que se están probando “los límites legales, los límites de la opinión pública y lo que la gente acepte para extenderlo” a lo largo de toda la Unión Americana.
Contexto de la política antimigratoria
El historiador Eugin Puryear ha señalado que el presidente Trump se ha referido públicamente al Acta de Insurrección de 1807, que a su vez se basa en el Acta de Milicia de 1790, un marco legal que permitió al Presidente intervenir con fuerza federal contra nativos americanos e insurrecciones populares. Este antecedente se deriva de la Batalla de Wabash de 1790, la mayor derrota del ejército estadounidense frente a la resistencia de los nativos americanos. Además, Trump ha citado el Acta de Extranjería y Sedición (Allien and Sedition Act) elaborada por John Adams, utilizada en su época para proteger a la élite de rebeliones. Actualmente, el gobierno estadounidense emplea esta acta como antecedente jurídico-político para la deportación de población en situación migratoria irregular.
En su periodo presidencial anterior, Trump intentó cancelar visas por lotería y eliminar cuotas para refugiados y países musulmanes. En 2018, declaró que la “migración en cadena” era una amenaza para la seguridad nacional, proponiendo cambios legales para eliminar este mecanismo en mayo de 2019.
En sus primeros seis meses del gobierno actual, Donald Trump hizo del ICE su “policía secreta” y decretó como crimen federal, penado con cinco años de cárcel, revelar la identidad de sus integrantes.
Existen centros de detención como el conocido como “Alligator Alcatráz”, donde nadie ha sido presentado ante un juez. Otros centros, subvencionados a una empresa privada en California, Colorado y Luisiana, mantienen a los detenidos aislados en lugares remotos, sin apoyo y sin acceso familiar. Las condiciones en estas prisiones son deplorables, con quejas por falta de aire acondicionado en verano y altas temperaturas, lo que se considera “realmente ilegal”. ICE ha sido acusada de detener a miembros de comunidades originarias (First Nations), en Arizona y Nuevo México, basados en perfiles raciales.
Respuesta Social y Cívica
La sociedad ha respondido de manera “permanente, inmediata, organizada y planificada” frente a las detenciones, secuestros, encarcelamientos y deportaciones indiscriminadas. El 17 de julio, en el quinto aniversario del fallecimiento de John Lewis, se llevaron a cabo protestas en 16 sitios públicos a lo largo del territorio americano, con la participación de alrededor de 56 mil personas, bajo la consigna de “good trouble” o desobediencia civil.
- Consignas destacadas incluyeron: “Immigrants Make America Great” (Inmigrantes hacen América Grande, en antítesis al MAGA trompiano), “History Does Not Forgive Silence” (La historia no perdona el silencio), “When We Fight We Win” (Cuando luchamos ganamos), “Deportation Without Due Process Is Trafficking” (Deportación sin debido proceso es tráfico), y “No kings, No Nazis, No fascists” (No reyes, no nazis, no fascistas).
- Movimientos como Move On, Indivisible y la Unión de Trabajadores de la USSW se han manifestado contra la deshumanización y degradación de trabajadores indocumentados y refugiados. La USSW ha implementado acciones para rescatar a compañeros trabajadores del encarcelamiento.
- Se subraya la necesidad de una “presencia casi constante” en las calles, más allá de grandes protestas esporádicas, para generar una “gran oleada de actividad”.
Acciones judiciales y gubernamentales en California
En un desarrollo significativo, el 11 de julio, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong declaró bloqueados los arrestos de ICE en Home Depots, Carwash y otros lugares, una orden que Stephen Miller, asesor de migración, calificó como un “acto de insurrección”. La jueza también prohibió al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel de inmigrantes en Los Ángeles, una queja constante de congresistas y abogados.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una orden para que los trabajadores al servicio de la ciudad desarrollen planes de preparación, sepan cómo dirigirse a los agentes de inmigración y conozcan el derecho a la libertad de información. Esto busca ayudar a la fuerza laboral municipal a entender los protocolos ante las redadas, que han afectado no solo a indocumentados sino también a personas con estatus legal.
Resistencia Comunitaria
Se han reportado redadas en campos agrícolas en Camarillo, donde fueron detenidos líderes comunitarios, niños con sus padres, líderes laborales, el veterano de guerra George Retes (ya liberado) y el profesor y líder sindical John Carabelo. Lamentablemente, Jaime Alanís, originario de Michoacán, fue la primera persona conocida en morir como consecuencia de estas redadas, al caer de un techo de 9 metros.
En Ventura County, una coalición de organizaciones e individuos llamada Ventura County Defense ha organizado una respuesta planificada y rápida. Esta organización, con cientos de voluntarios, brindó apoyo a los trabajadores agrícolas afectados por las redadas de ICE, demostrando la larga experiencia de lucha de la comunidad por mejores condiciones laborales y salarios. Un miembro de la organización campesina comunitaria expresó que las autoridades “no están buscando a los directores ejecutivos de las empresas que contratan a indocumentados… están yendo por los más vulnerables”.
La situación actual en la Unión Americana, marcada por la militarización y las detenciones masivas, se percibe como una amenaza a los derechos humanos y a la democracia misma. Como un péndulo que se balancea entre la presión gubernamental y la contrafuerza de la resistencia civil, cada acción de las autoridades genera una reacción de organización y protesta, demostrando que la lucha por la dignidad y los derechos de los inmigrantes es un frente constante.
