La Ley H.R. 1, “Grande y Hermosa” (One Big Beautiful Bill Act) tiene disposiciones sobre temas de política agrícola, apoyos nutricionales, especificaciones sobre las fuerzas armadas, de vivienda, bancarias, urbanismo, comercio, energía, medio ambiente, medidas fiscales, atención en salud, seguridad fronteriza y migración, entre otros asuntos. Se trata de una normativa amplia y ambiciosa, que suma recursos para la implementación de las prioridades del mandato del presidente Donald Trump.
La iniciativa pasó por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, primero, y después, el Senado aprobó, con algunas modificaciones, la legislación, con el voto decisivo del vicepresidente J. D. Vance. La Cámara Baja sancionó la versión definitiva, con dos legisladores republicanos en contra, que se unieron a los opositores demócratas. El presidente Donald Trump firmó la ley el 4 de julio.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante los próximos 10 años, la legislación generará una reducción de los ingresos en unos 4.5 billones de dólares, mientras que recortará el gasto en 1.2 billones de dólares y aumentará la deuda nacional en 3.3 billones de dólares. Por otra parte, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca tiene otra perspectiva. Este grupo calculó que los recortes de impuestos impulsarán el producto interno bruto (PIB) entre 4.2 y 5.2 por ciento en cuatro años. Analistas consideran que, aunque puede haber resultados positivos en el corto plazo, estos no podrán sostenerse en el tiempo, de manera que, en el futuro, se observarán mayores déficits, más deuda, menos crecimiento y mayor desigualdad.
Hay ganadores y perdedores con este paquete legislativo. Entre los sectores con más beneficios están los inversionistas, las y los estadounidenses ricos, los productores de combustibles fósiles, contratistas de defensa, pequeños empresarios, residentes en estados con impuestos altos y fabricantes de productos. Entre quienes pierden están las y los estadounidenses de bajos ingresos, la población universitaria que enfrenta un acceso más restringido a créditos y las personas migrantes. Dada la cercanía e integración con México, los efectos también se sentirán de este lado de la frontera. En este artículo comento sobre algunos elementos importantes de la ley en materia de incentivos o recortes fiscales, el incremento de recursos en contra de la migración irregular y los ajustes en programas sociales.
Disminución de impuestos y aumento de incentivos fiscales.
La ley plantea la permanencia de diversas exenciones fiscales a recortes que se establecieron en 2017, durante la primera gestión del presidente Trump. Los cambios incluyen una disminución de la tasa impositiva a la renta federal, deducciones estándar más amplias a diversos públicos y recortes de tasas sobre donaciones y sucesiones, entre otras medidas. La ley también contempla un bono para personas mayores para compensar los impuestos de la Seguridad Social y una mayor deducción fiscal estatal y local.
Según analistas, quienes tienen más recursos, se beneficiarán más por las medidas que dispone la legislación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania estiman que las y los estadounidenses que ganan menos de 18,000 dólares perderán 165 dólares en 2027 (1.1 por ciento de sus ingresos), en tanto que el 0.1 por ciento más rico, con ingresos superiores a 4.4 millones de dólares, ganará más de 300,000 dólares en 2027, lo que supone un aumento del 2.3 por ciento. Esta brecha aumentará con el tiempo, según sus cálculos.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue reducir la carga impositiva que enfrentan las y los empleados que reciben propinas y de quienes trabajan horas extras. Este compromiso se concretó en la ley. La legislación crea una deducción temporal del impuesto a la renta federal de hasta 25,000 dólares por año sobre los ingresos por propinas calificadas y una exención fiscal temporal para el pago de horas extras.
Un grupo de población que puede beneficiarse de los incentivos fiscales de la ley son los fabricantes, ya que las empresas podrán deducir total e inmediatamente el costo de la construcción de nuevas instalaciones o fábricas. El crédito fiscal a la inversión en plantas de manufactura aumenta del 25% al 35%. Asimismo, la ley establece mayor permanencia y agilidad en las deducciones de inversión en maquinaria y equipo, así como para actividades de investigación y desarrollo (I+D).
Más recursos para asegurar la frontera y aumentar las deportaciones
Durante su campaña, el presidente Trump se pronunció insistentemente en contra de la inmigración irregular. El mandatario especificó como objetivo deportar a 3000 migrantes irregulares por día, esto es un millón de personas al año. El jefe del Ejecutivo estadounidense suspendió prácticamente el sistema de asilo desde el día uno de su regreso a la Casa Blanca. También ha terminado con los mecanismos de protección temporal para diversos grupos de población. De tal forma, el interés por cruzar de manera irregular la frontera norte ha disminuido drásticamente. Según datos de junio, se ha observado un número récord mínimo de personas que buscan ingresar a territorio estadounidense sin documentos. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que “el total de encuentros de la Patrulla Fronteriza en junio fue de 6 mil 70. Eso es menos de un solo día con el presidente Joe Biden”.
En este paquete legislativo hay varios mecanismos que apuntalan las políticas antiinmigrantes del presidente Trump. La ley destina alrededor de 170 mil millones de dólares al apoyo de los objetivos fronterizos y de inmigración del Gobierno, que incluyen la detención y deportación de un número récord de personas de Estados Unidos.
Los recursos definidos en la ley más que triplican el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mediante una reserva de 45 mil millones de dólares. Con esta medida se ampliará la capacidad de los centros de detención de 41 mil a 100 mil camas y se duplicará el número de agentes de 9 mil 900 a casi 20 mil. Con estos fondos, la ICE sería la agencia federal de aplicación de la ley con “mayor financiamiento de la historia”.
Desde que regresó Donald Trump a la Presidencia, la ICE ha deportado a más de 200,000 personas. En semanas recientes, la operación de esta agencia ha desencadenado enormes protestas en diversas ciudades de Estados Unidos, por la forma en que se llevan a cabo las deportaciones, en tribunales y centros de trabajo, y el desajuste social que se ha generado. La intensificación de medidas antiinmigrantes ha ocasionado que las personas sin una residencia regular disminuyan al mínimo el riesgo de una posible detención o deportación. Viven con miedo. Esto, a su vez, ha provocado que los granjeros y dueños de la industria hotelera busquen que la Administración Trump acceda a algún tipo de acuerdo temporal para permitir la estancia de los trabajadores, pero no se ha concretado nada todavía. Parece que hay cierta voluntad del Gobierno para encontrar una solución a este problema, pero el presidente Trump ha señalado que los esfuerzos del ICE todavía no rinden los resultados esperados y tiene la expectativa de que con estos recursos adicionales puedan lograr los objetivos propuestos.
Asimismo, para la construcción del muro fronterizo, la ley contempla 46.5 mil millones de dólares. Esto significa tres veces más que lo que se destinó a esta tarea en la primera administración del presidente Trump, cuando se habilitaron 730 kilómetros de barrera. Adicionalmente, el paquete legislativo asigna mil millones de dólares al Departamento de Defensa para apoyar las operaciones fronterizas para combatir el tráfico de drogas y luchar en contra de “las organizaciones criminales transnacionales”, así como para la “detención temporal de migrantes”.
Además, la legislación fortalece a los tribunales de inmigración. Habrá más recursos para pagar jueces y personal de apoyo, así como para ampliar su capacidad de acción. Los aproximadamente 700 jueces han enfrentado por años retrasos de gestión por la imposibilidad de procesar los numerosos casos que reciben. Se calcula que el atraso ha alcanzado 3.6 millones de expedientes por revisar. Ahora, el Departamento de Justicia tendrá una asignación adicional de 3 mil millones de dólares para actividades relacionadas con la inmigración.
La ley dispone que otra de las agencias que interviene en la gestión migratoria, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), reciba 5 mil millones de dólares. Adicionalmente, a los estados se les asignarán 13,500 millones de dólares para reembolsar los gastos que han efectuado para asegurar la frontera. También se destinan recursos adicionales para la expulsión expedita de personas migrantes y para cubrir su transporte fuera del país.
El marco regulatorio contempla cuotas para las personas que están en procesos migratorios. Se cobrará una tarifa mínima de 100 dólares para ingresar solicitudes de asilo (en el proyecto original esta cuota era de 1000 dólares). Así, Estados Unidos será uno de los pocos países que cobran a las personas para pedir protección humanitaria. Las y los inmigrantes también deberán pagar 100 dólares por cada año que esperan su proceso, 550 dólares anuales para renovar un permiso de trabajo y 900 dólares por apelar la decisión de un juez de inmigración.
Después de varias versiones sobre el cobro de impuestos al envío de remesas, la ley específica que se cobrará el uno por ciento a las transferencias que se hagan en efectivo, giros postales o cheques de caja. Según cálculos del Comité Conjunto de Impuestos del Capitolio, este cobro permitirá generar 10 mil millones de dólares en 10 años, y los principales países afectados serán India, México y China. Esto podría ocasionar, según expertos, una disminución de hasta 1.6% en los envíos. En nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se implementará un programa para compensar este costo a los hogares mexicanos.
Ajuste y disminución de programas sociales
La ley define algunas restricciones y ajustes en programas sociales dirigidos a la población con menos recursos, que incluyen a un buen número de personas de origen mexicano. Según datos recientes, 28 por ciento de las personas hispanas tenían algún tipo de cobertura de Medicaid o recibían cupones de alimentos. La proporción de latinos respecto a la población en general es de 19 por ciento.
Salvo excepciones, las y los inmigrantes que residen de manera irregular en Estados Unidos no pueden acceder a programas sociales, pero hay ciertas condiciones en las que los estados, con sus recursos, atienden a segmentos de la población vulnerable en esquemas específicos, sin importar su estatus migratorio. Según la Administración Trump, la ley llena un vacío legal que permite a los estados utilizar fondos federales para este tipo de apoyos.
Ya en febrero pasado, el presidente Trump emitió una orden para evitar que el dinero de los contribuyentes se dirigiera a inmigrantes sin un estatus regular. En la realidad, como se mencionó, sólo en excepciones este grupo puede acceder a recursos federales. Por ejemplo, todas las y los niños tienen derecho a educación primaria y secundaria gratuita, sin importar su estatus migratorio, tras una decisión de la Corte Suprema en 1982. Además, las y los inmigrantes que han obtenido permiso de entrada a Estados Unidos tienen derecho a ciertos beneficios por tiempo limitado.
En Medicaid hay unos 72 millones de personas beneficiarias. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que elabora análisis imparciales de la política de gastos estadounidense, estimó que 11.8 millones de personas podrían perder su seguro médico para 2034 debido a los cambios que incorpora la ley. Los criterios de elegibilidad ahora serán más estrictos, al imponer requisitos de trabajo de 80 horas por mes para adultos sanos menores de 65 años, con algunas excepciones. Esta disposición, junto con otros cambios, como un límite al “impuesto a los proveedores” que los estados pueden cobrar, podrían disminuir el gasto de Medicaid hasta en un 18%. El paquete legislativo también elimina la cobertura médica a un sector de inmigrantes legalmente presentes, como refugiados, asilados y personas con otras protecciones humanitarias. Además, restringe la elegibilidad para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y para el Seguro Médico para Niños.
El grupo de población que mantiene beneficios son residentes que han completado el período de espera de cinco años, algunos cubanos y haitianos, y las personas que se encuentran bajo los Pactos de Libre Asociación, que incluyen a personas de Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Otras disposiciones de la ley también afectan a las familias migrantes con estatus de residencia mixto. Por ejemplo, para tener acceso al Crédito Tributario por Hijos se requiere que al menos uno de los padres de la o el niño tengan un número de seguridad social.
Algunas reflexiones
El paquete legislativo es muy extenso y traduce en recursos las promesas de campaña y las prioridades del presidente Trump. Por ejemplo, en términos de política industrial, el mandatario ha insistido en implementar diversas medidas en apoyo a la industria nacional, sobre todo la imposición de aranceles. El mandatario también ha esgrimido el argumento de que uno de los efectos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido debilitar la manufactura estadounidense. En este sentido, la ley que se firmó otorga recursos para incentivar la operación y ampliación de las fábricas.
Esta medida puede representar un desafío para México en términos de los proyectos nuevos que decidan emprenderse en Estados Unidos, dados los términos preferenciales de inversión. Para nosotros, la expectativa es que podamos profundizar la integración norteamericana y aprovechar los beneficios trilaterales de una economía altamente competitiva. En este sentido, se aproximan tiempos complicados de intensas negociaciones del acuerdo comercial trilateral, que deberemos enfrentar con estrategia y decisión, en torno al liderazgo de la presidenta Sheinbaum.
En el tema migratorio, la narrativa antiinmigrante se concreta en amplios recursos adicionales para las agencias que vigilan la frontera y para aumentar el número de deportaciones y detenciones de migrantes en situación irregular. En México, estamos convencidos de que la migración es un fenómeno complejo y debe atenderse desde sus raíces para promover un flujo ordenado, seguro y regular. En este sentido, hemos respondido al llamado de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, para recibir a las y los mexicanos que regresan e integrarlos a las actividades productivas del país. También hemos mostrado una postura humanitaria hacia nacionales de otras naciones que se ven obligados a salir de Estados Unidos. Estamos en contra de criminalizar la migración y somos solidarios con las familias que están temerosos de seguir con su vida del otro lado de la frontera. Ellas y ellos han sido muy generosos con el país, con sus comunidades y con sus familias. Las autoridades responderemos desde el ámbito que nos corresponda, ya sea con auxilio consular, facilidades al retorno o con condiciones adecuadas para su reintegración productiva y social.
