El huachicol evolucionó del robo de combustible perforando ductos, a sofisticadas formas como el “huachicol fiscal”, lo que afecta gravemente la economía y seguridad nacional de México, además de ampliar su alcance al ámbito internacional. Desde 2018, se intensificó la lucha contra este delito de miles de millones de dólares, enfrentando tragedias como Tlahuelilpan, Hidalgo. La administración actual combate el comercio ilegal y el fraude fiscal con decomisos y cooperación con Estados Unidos.
El término “huachicol” ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Originalmente, se asociaba con la adulteración de bebidas alcohólicas con agua para obtener mayor ganancia, y la palabra podría provenir del Náhuatl. Otra hipótesis sugiere un origen maya, relacionándolo con “huache” (forastero o ladrón) y el sufijo “col” (actividad delictiva). También se vincula con la práctica de la “ordeña” de ductos, refiriéndose a un “huacho” o surco hecho en la tierra para extraer combustible. Con el paso del tiempo, se transformó para referirse al robo de gasolina y ahora, a impuestos inflados y facturas fantasma.
El robo de combustible: Un problema de seguridad nacional y económico
El robo de combustible de las tuberías de Pemex ha sido un problema persistente en México durante décadas, pero se intensificó notablemente en la década de 2010, cuando grupos del crimen organizado comenzaron a considerarlo una fuente principal de ingresos. Este aumento se vio impulsado por los precios internacionales del combustible, convirtiéndolo en un negocio lucrativo. La complicidad interna en Pemex, incluyendo empleados que compartían mapas de tuberías y métodos de perforación, facilitó estas operaciones.
Las cifras de perforaciones ilegales en ductos aumentaron drásticamente, superando las 40 perforaciones por día a mediados de 2018, en comparación con 28 en 2017. En los primeros 10 meses de 2018, se reportaron 12,581 tomas clandestinas. Este delito genera pérdidas de más de 3,000 millones de dólares anuales para el país y para Pemex. El combustible robado a menudo se vende a precios inferiores en el mercado negro, incluso a través de minoristas que venden legalmente gasolina y diésel de Pemex.
El impacto más trágico del robo de combustible fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019. El incidente, que dejó un saldo de 137 fallecidos y 8 heridos, ocurrió después de que ladrones de combustible perforaran un oleoducto, atrayendo a una multitud de cientos de personas que se congregaron para robar gasolina. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para persuadir a la multitud de que se alejara, estas fueron superadas en número y decidieron no actuar por temor a una confrontación violenta. La fuga se reportó a las 17:04 horas y la explosión ocurrió a las 19:10 horas. La causa exacta del incendio no se ha determinado, pero las hipótesis iniciales sugieren que los gases del combustible y chispas por la fricción de la ropa sintética de las personas pudieron haber causado la explosión.
El “huachicol fiscal”: Un enemigo silencioso y millonario
Además del robo físico de combustible, ha surgido una modalidad más sofisticada y menos visible: el “huachicol fiscal”. Este término coloquial se refiere al fraude fiscal sofisticado que involucra el uso de empresas fantasma (que no existen), facturas falsas (por servicios nunca prestados), y la simulación de operaciones para evadir impuestos o lavar dinero. En esencia, es como “robarle al SAT pero con corbata elegante y oficina cara”.
La operación del huachicol fiscal inicia con una empresa fachada registrada con prestanombres, que “vende” servicios que nunca proporciona, pero emite una factura legal. Otra empresa, esta vez real, utiliza esa factura para reducir su carga fiscal. Las ganancias se reparten entre ambas, y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) no se da cuenta hasta que realiza auditorías. Durante años, se estimó que el SAT perdía más de 500 mil millones de pesos anuales por estas prácticas, una cifra que podría cubrir varios sistemas de salud, educación o seguridad. Desde 2019, con la “Reforma Fiscal Antihuachicol”, este tipo de evasión se considera delincuencia organizada, debido a que no son contribuyentes despistados, sino redes completas que facturan miles de millones de pesos con operaciones simuladas.
Combate gubernamental y cooperación internacional
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, advirtió que no cedería en el combate al robo de combustible, lanzando la advertencia “No habrá tregua”. Pese a las críticas, se puso en marcha un plan conjunto que incluye cuatro frentes: reforzar la seguridad de los ductos, incrementar la capacidad de distribución mediante pipas, atención social en municipios afectados, y acción legal contra las bandas de “huachicoleros”.
Para fortalecer la distribución, el gobierno adquirió 571 carro-tanques en Estados Unidos con un costo de 85 millones de dólares, con una meta total de 707 unidades. Esta adquisición busca ampliar la capacidad de distribución en 116 mil barriles de combustibles diarios. Estos carro-tanques son operados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el marco del Plan DN-III, considerándolo un asunto de seguridad nacional. Más de 6 mil 199 personas aplicaron para ser conductores de estas pipas. El plan de bienestar, por su parte, busca beneficiar a más de un millón de familias de 80 municipios, iniciándose en Hidalgo, Puebla y Estado de México.
La administración actual, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, ha intensificado el combate contra el huachicol, tanto en su forma tradicional como fiscal. Se han logrado decomisos significativos, como el aseguramiento de más de 3 millones de litros de “hidrocarburo” en el sureste del país. En Coatzacoalcos, Veracruz, las autoridades descubrieron una “mini refinería clandestina” que procesaba crudo robado, recuperando más de 500 mil litros de crudo e infraestructura ilícita. Recientemente, en Coahuila, se decomisaron más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo que se trasladaban en 129 pipas de ferrocarril. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que este combustible “iba de paso” y no se extrajo de ductos en el estado, señalando que los responsables de esta red ilegal deben responder ante la ley.
La lucha contra el huachicol fiscal ha adquirido una dimensión internacional. Muchos de estos fraudes utilizan cuentas bancarias, empresas o inversiones en Estados Unidos. Por ello, el gobierno estadounidense está colaborando con México para rastrear y castigar a mexicanos implicados en lavado de dinero y fraude fiscal. Casos recientes han llegado a cortes en Texas, Florida y Nueva York, con el SAT y el Departamento del Tesoro trabajando conjuntamente, lo que ha resultado en congelación de cuentas, embargo de propiedades y órdenes de arresto internacionales. Esta cooperación subraya que el huachicol, en todas sus facetas, ya no es solo un problema interno de México, sino una red de fraude que ha cruzado fronteras.
