Ciudad de México. El Congreso mexicano abrió un periodo extraordinario para analizar y aprobar cerca de 20 reformas legales, incluyendo modificaciones cruciales relacionadas con la desaparición forzada, la Guardia Nacional y, de manera prominente, la Ley de Inteligencia e Investigación junto con reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Estas últimas han sido las más controvertidas, generando un intenso debate entre la mayoría oficialista y la oposición.
Una de las leyes que ha provocado mayor controversia y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, aunque aún debe ser revisada por el Senado, es la Ley de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Esta legislación está diseñada para combatir delitos de alto impacto y localizar personas desaparecidas con mayor eficacia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la nueva ley no busca intervenir conversaciones privadas ni vigilar a la ciudadanía, desmintiendo las acusaciones de legisladores de oposición que la califican como una herramienta de espionaje.
La oposición, particularmente el PAN, ha afirmado que estas leyes convertirán al gobierno federal en el “gran espía de todo el pueblo de México” y que representan una amenaza directa al derecho a la privacidad de los ciudadanos. Han señalado que el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones podría facultar al gobierno a obtener la geolocalización en tiempo real de cualquier persona con un teléfono celular sin orden judicial.
No obstante, la presidenta Sheinbaum y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, han rechazado categóricamente estas acusaciones, ratificando que la reforma no invade la privacidad ni los datos personales y que no se le podrá dar ningún uso político gracias a los “candados” con los que cuenta. Han subrayado que la intervención de comunicaciones seguirá requiriendo una orden judicial y que la ley busca integrar información actualmente dispersa para facilitar el trabajo de las autoridades. Además, se recordó que en gobiernos anteriores, como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se realizaron espionajes políticos sin regulación, incluso contratando empresas como Pegasus.
La nueva ley establece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y podrá acceder a información de registros administrativos como datos vehiculares, biométricos, telefónicos, financieros, y de telecomunicaciones, siempre en el contexto de una investigación sobre un presunto delincuente y no de forma indiscriminada. Un punto destacado es que, con esta ley, ya no se esperarán 72 horas para buscar a personas desaparecidas, sino que los mecanismos se aplicarán de inmediato para localizarlas en un plazo de 24 a 48 horas. Finalmente, se eliminó el controvertido artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, que la oposición alegaba que otorgaba facultades para censurar o cerrar plataformas digitales.
Diputados de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde aprobaron el dictamen con 368 votos a favor y 102 en contra por parte del PRI y del PAN. Las autoridades han manifestado que estas leyes buscan disminuir los delitos y llegar más pronto a quienes los cometen, negando cualquier intención de censura o persecución.
