Ciudad de México. La relación bilateral entre México y Estados Unidos experimenta momentos de tensión tras las recientes declaraciones de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien cuestionó la cooperación mexicana en el combate al narcotráfico, particularmente el fentanilo. Este incidente ha desatado una firme respuesta desde la presidencia y el congreso mexicano, mientras el país se alista para un periodo legislativo extraordinario cargado de reformas cruciales.
Durante una comparecencia en el Senado de Estados Unidos el pasado 25 de junio, la fiscal Bondi, ante la pregunta del senador Lindsey Graham sobre la ayuda de México en el problema de las drogas, respondió que “esa podría ser una conversación que pues sería mejor tenerla en un entorno clasificado”. Graham, por su parte, afirmó públicamente que México “no lo están haciendo”.
En respuesta a estas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que la fiscal general Pam Bondi “no estaba bien informada” sobre los avances en seguridad y el próximo acuerdo en Washington.
Sheinbaum dejó claro que “México siempre va a estar en disposición de cooperar pero nunca de subordinarse”, reafirmando la soberanía del país. También destacó que México ha logrado una disminución en el tráfico de fentanilo, aunque Estados Unidos no lo reconozca.
La mandataria urgió a EU a aportar pruebas concretas si existen, señalando que “si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, si no hay pruebas no se puede actuar” y que, hasta ahora, no han enviado ninguna prueba de lavado de dinero.
Desde el poder legislativo mexicano, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “profundamente injusta” la inclusión de México en la lista de adversarios.
Paralelamente a estas tensiones diplomáticas, el Congreso mexicano ha iniciado un periodo extraordinario para abordar un paquete de reformas significativas. La presidenta Sheinbaum presentó una lista de 17 iniciativas de reforma, sumando un total de 22 proyectos que se dirimen actualmente en las cámaras de diputados y senadores.
Este periodo ha sido calificado como el “reinicio del gobierno de Sheinbaum” y una “emancipación con todo y bendición” entre la actual presidenta y el expresidente, según analistas.
Entre las iniciativas clave, se destaca la negociación en el caso de Genaro García Luna, donde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, busca un acuerdo para obtener información y la devolución de recursos ilícitos saqueados durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Además, Sheinbaum hizo referencia a la reciente aprobación en el Senado de una ley contra el lavado de dinero, cuya relevancia se acentúa en este contexto de críticas estadounidenses.
Otros temas abordados en las conferencias matutinas incluyen la disminución del precio de la gasolina en México, el reforzamiento de la seguridad en la carretera Monterrey-Reynosa, y la preocupación por la basura espacial de cohetes de SpaceX que han caído en Tamaulipas, señalando violaciones a leyes internacionales.
La presidenta también reiteró el apoyo a los consulados mexicanos para proteger a los connacionales, como en el caso de Narciso Barranco, un mexicano golpeado por militares en EU, enfatizando que los migrantes “no son criminales” y son esenciales para la economía estadounidense.