El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal con el objetivo de castigar con penas de dos a ocho años de cárcel y multas de cuarenta a ciento sesenta días a quienes realicen actos premeditados para obtener el cobro de daños derivados de un hecho de tránsito vial en caminos federales.
La iniciativa busca fortalecer el marco normativo ante el alarmante incremento de la actividad de los “montachoques”, en la que delincuentes provocan intencionalmente accidentes para extorsionar a sus víctimas, exigiendo pagos por supuestos daños mediante intimidación, amenazas y violencia física.
Se argumenta que la legislación vigente ha sido insuficiente para detener este ilícito, que ha logrado consolidarse como una fuente constante de ingresos para grupos delictivos, operando a menudo con total impunidad.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la impunidad en estos casos es cercana al 100 por ciento, debido a la falta de estrategias diferenciadas, la escasa respuesta institucional y la dificultad en los procesos de denuncia, así como el nulo interés de las víctimas por presentar cargos4. La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Justicia, busca adaptar las leyes a las nuevas realidades y ofrecer una respuesta contundente para proteger a la ciudadanía.