Ciudad de México. En el marco de la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte celebrada este miércoles en la Cámara de Diputados, José Arturo Morales Reyes, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), urgió a transformar la atención a los mexicanos que regresan al país, poniendo como prioridad la certificación oficial de sus competencias laborales.
Morales Reyes destacó que miles de connacionales retornan con años de experiencia en diversos sectores en Estados Unidos, pero enfrentan una barrera invisible al no contar con documentos que avalen sus conocimientos en México.
“El Estado mexicano tiene una deuda histórica y moral con nuestros connacionales. No podemos limitarnos a darles un pasaporte; debemos certificar sus competencias para que esa experiencia acumulada se traduzca en una inserción económica inmediata y digna”, afirmó el titular del ICATECH ante los legisladores.
Durante su comparecencia, Morales Reyes anunció que el instituto ha trascendido las fronteras estatales mediante convenios de alto nivel con instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y programas de movilidad con Japón. Estos acuerdos buscan implementar “aulas del futuro” y capacitación en inteligencia artificial para modernizar la productividad en los municipios fronterizos.
El funcionario también propuso llevar estas capacitaciones directamente a los consulados mexicanos, aprovechando que son extensiones de territorio nacional, para preparar a los migrantes antes de su retorno o para fortalecer su posición laboral en el extranjero.
La reunión concluyó con el compromiso de la Comisión de trabajar en un cronograma conjunto con el ICATECH para replicar estos modelos de capacitación y certificación en todos los estados de la frontera norte, desde Baja California hasta Tamaulipas.
Por su parte la diputada Maribel Solache (Morena) respaldó la propuesta de certificación, compartió su propia experiencia como “diputada repatriada” tras vivir 20 años en Estados Unidos. Solache subrayó que perfiles como el suyo —con experiencia en cuidados, construcción y bilingüismo— representan una fuerza laboral valiosa que México no puede seguir desperdiciando por falta de trámites administrativos.
Trabajadores trasnacionales
Por su parte, la diputada Rosalía Suárez hizo un llamado a no olvidar la protección de los derechos laborales bajo el marco del T-MEC, denunciando casos recientes de hostigamiento sindical en la región fronteriza.
La denuncia de la legisladora transformó el tono de la sesión, desplazando el enfoque de la capacitación técnica hacia una cruda realidad de vulnerabilidad laboral en la región. Su intervención se centró en el persistente hostigamiento sindical que enfrentan los trabajadores transfronterizos, tomando como eje central el conflicto en la empresa Atra Bricks.
Expuso con preocupación cómo esta compañía, dedicada al transporte de materiales, ha sido escenario de un sistemático desmantelamiento de su organización gremial. Según el testimonio de la diputada, los trabajadores —quienes residen en México pero desempeñan funciones vitales para el comercio binacional— han sido víctimas de maniobras empresariales diseñadas para socavar su libertad de asociación.
A pesar de que la Secretaría del Trabajo ya ha realizado visitas de inspección, Suárez informó que, apenas un día antes de la reunión, recibió reportes de que el acoso y las presiones contra los empleados continuaban sin tregua.
Uno de los puntos más críticos de su denuncia fue la ineficacia percibida de los mecanismos internacionales. Señaló que aunque el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC (Capítulo 23) fue diseñado precisamente para intervenir en casos de denegación de derechos sindicales, la respuesta institucional no ha sido lo suficientemente ágil para frenar los abusos en el campo.
Para Suárez, los trabajadores fronterizos se encuentran en un “limbo” jurídico que las empresas aprovechan para amedrentarlos, explotando la complejidad de las jurisdicciones entre México y Estados Unidos.
Ante este panorama, la diputada lanzó un enérgico llamado a la Comisión para que no se limite a promover el aprendizaje de oficios, sino que asuma un rol activo en la defensa de los derechos humanos laborales.
Propuso que cualquier esquema de capacitación oficial incluya obligatoriamente formación en Derechos Laborales Comparados, permitiendo que los migrantes y trabajadores transfronterizos reconozcan y defiendan sus garantías frente al hostigamiento.
Finalmente, solicitó que la Comisión abra sus puertas para recibir formalmente a los afectados y brinde un acompañamiento legislativo que garantice que las leyes del T-MEC dejen de ser letra muerta en la frontera norte.
Cruce ágil en Tijuana
En la misma sesión, la Comisión aprobó por unanimidad un dictamen que exhorta al Ayuntamiento de Tijuana a implementar medidas transitorias en su programa de pases de cruce ágil. La iniciativa, impulsada originalmente por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, busca dar transparencia y orden al flujo transfronterizo, beneficiando especialmente al turismo médico y a los trabajadores que cruzan diariamente hacia Estados Unidos.
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