Miami / Los Ángeles. El caso de Jacobo Hernández Rubio no sigue abierto gracias a la diligencia del Estado mexicano, sino a pesar de su negligencia; dos palabras que fonéticamente son parecidas, pero semánticamente opuestas.
La supervivencia médica, legal y pública de este joven jornalero indígena y migrante mexicano, herido de gravedad tras un ataque armado en Georgia, Estados Unidos, es hoy resultado directo del trabajo incansable de activistas binacionales, abogados solidarios.
A este admirable empeño, se han sumado colectivos culturales y comunitarios, artistas y mujeres migrantes organizadas, que han tenido que sustituir funciones básicas que corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a los consulados mexicanos en Estados Unidos, y han convocado a una tardeada cultural con causa, que se realizará el domingo 1 de febrero en Huntington Park, California.
Jacobo Hernández, de 26 años, fue baleado el 23 de diciembre de 2023 durante un intento de robo, lo que le provocó daños severos y permanentes en varios órganos vitales. Desde entonces, carece de intestino delgado y requiere un trasplante multiorgánico.
Este procedimiento sólo puede realizarse en hospitales especializados de Estados Unidos, y grupos de activistas urgen a las autoridades mexicanas en Estados Unidos debido a que Hernández Rubio sobrevive mediante alimentación parenteral, sin poder ingerir alimentos ni líquidos por vía oral.
No obstante, el acceso al trasplante permanece bloqueado por la ausencia de un seguro médico federal, requisito indispensable para su ingreso a la lista de espera del Jackson Memorial Hospital de Miami. Dicho seguro depende de la regularización migratoria o del reconocimiento de un estatus humanitario, procesos que no han sido gestionados con la urgencia que el caso demanda por las autoridades consulares mexicanas.
De acuerdo con estos activistas y asesores jurídicos del caso, el principal obstáculo para que Jacobo sea ingresado a la lista de espera para trasplante en el Jackson Memorial Hospital de Miami es la falta de un seguro médico federal, requisito indispensable para el proceso pre y posoperatorio. Dicho seguro sólo puede obtenerse si se acredita una situación migratoria regular o un estatus humanitario reconocido.
Aunque Jacobo inició el trámite de Visa U, destinada a víctimas de delitos graves, este proceso puede tardar hasta una década. Por ello, los defensores del joven exigen que el gobierno mexicano, a través de la SRE y los consulados correspondientes, solicite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) la emisión de una “carta de buena fe” (bonafide), documento que permitiría destrabar el acceso al seguro federal y, con ello, avanzar en el tratamiento médico.
Organizaciones acusan omisión de consulados y bloqueos burocráticos
El abogado Jorge Humberto Fernández Arras y la abogada Alondra Alvarado, quienes brindan acompañamiento legal al caso, señalan que ha existido una omisión prolongada de los consulados mexicanos, particularmente en Miami, Orlando y Georgia, lo que ha retrasado de manera crítica la atención oportuna.
La falta de respuestas formales, la ausencia de acuses administrativos y el desinterés institucional han tenido un efecto devastador: Jacobo continúa fuera de la lista de trasplantes, aun cuando médicamente es candidato viable.
Ante este abandono, la sociedad civil organizada ha ocupado el vacío dejado por el Estado. En este esfuerzo destaca de manera central la labor del licenciado Jorge Humberto Fernández Arras, activista binacional, quien ha sido un articulador clave entre redes comunitarias, abogados, medios de comunicación y colectivos culturales.
Su trabajo ha sido decisivo para evitar que el caso se diluya en la maraña burocrática consular y para mantener presión pública constante sobre las autoridades mexicanas.
Junto a él, un grupo de mujeres mexicanas migrantes ha sostenido el caso con una constancia que contrasta notablemente con la pasividad institucional. Arely Pérez, Rosalinda Martínez, entre muchas otras, han organizado colectas, gestionado apoyos, difundido información, acompañado emocional y materialmente a la familia, y construido redes de solidaridad en un país que no es el suyo, pero donde han decidido no mirar hacia otro lado.
Estas mujeres, como miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos, han enfrentado la adversidad desde una doble vulnerabilidad: la de vivir en una nación ajena y la de cargar con responsabilidades que el Estado mexicano ha eludido. Su trabajo no ha sido simbólico ni anecdótico, ha sido sostenido, cotidiano y vital.
Mientras tanto, Gervasio Hernández, hermano del joven y su cuidador permanente, ha dejado de trabajar para atenderlo las 24 horas del día. Ambos sobreviven gracias a donaciones de la sociedad civil y al apoyo parcial de la Fundación Marzoni, que cubre parte de la renta y algunos gastos básicos. No obstante, los recursos son insuficientes para sostener la atención cotidiana, la vivienda y los costos indirectos del tratamiento.
Convocan artistas y activistas a jornada cultural para recaudar fondos
El caso de Jacobo Hernández no es una excepción: es un síntoma. Revela cómo el Estado mexicano falla en su obligación constitucional de protección consular y cómo, frente a ese fracaso, son los activistas, abogados solidarios y comunidades migrantes quienes impiden que la burocracia tenga la última palabra.
“Jacobo quiere vivir” no es sólo una consigna. Es una interpelación directa a un aparato institucional que ha preferido administrar el silencio antes que asumir su responsabilidad. Mientras la SRE y los consulados sigan retrasando decisiones que pueden salvar una vida, será la sociedad civil quien continúe haciendo el trabajo que el Estado ha abandonado.
Editor, vive en la Ciudad de México, nacido en Coahuila. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como reportero de fuente en medios informativos como Norte de Juárez y Diario de Juárez; laboró en el Suplemento Cultural Palabra, de Ensenada, Baja California.
