Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es un tema doloroso y representa para las familias y para la sociedad mexicana una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México, los gobiernos estatales, las Fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Sin duda es un problema latente y actual que aqueja a los mexicanos, que nos genera zozobra e incertidumbre, malestar y enojo, impotencia y miedo, porque nos lleva a esa temeraria frase de que cuando sales de tu casa, no estás seguro que puedas regresar, más ahora que las bandas delincuenciales han hecho de los levantones el pan nuestro de cada día.
Sin duda negar esta problemática, sería como negar lo que a diario sufren miles de familias que denuncian la desaparición forzada de un ser querido, cosa que lamentamos y quisiéramos que no sucediera, pero considero que esta terrible situación no debería ser tomada por la oposición para sacar raja política y aprovechar la desgracia que padecen miles de mexicanos para fines electorales.
Porque la oposición, apoyada por la comentocracia, quieren hacer pensar a la ciudadanía que contra las desapariciones forzadas, el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaun no está haciendo nada, porque hoy muchos hablan del informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicho comité califica las desapariciones forzadas como delitos de lesa humanidad y anunció que llevara el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas, bajo el argumento de que las desapariciones en México ocurren de manera generalizada y sistemática, sin descontar que presume que estos delitos cometidos por organizaciones criminales se ejecutan en México con la aquiescencia de autoridades de distinto orden local y federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del Estado Mexicano al señalar que no se trata de un comité de la ONU, sino de expertos vinculados. Rechazó el informe sobre desaparición forzada al basarse en casos de cuatro estados entre 2009 y 2016. Explicó que el documento presenta un análisis de cuatro entidades de la República de un periodo de la época neoliberal, pero los resultados los extendieron hasta el 2025.
Evidentemente, para la comentocracia no son válidos los argumentos de la presidenta Sheinbaum y se empeñan en hacer creer a la población que no se está haciendo nada para atender el grave problema de las desapariciones forzadas, ahora piden a gritos la intervención de la ONU, o peor todavía, están creando un clima de incertidumbre para alentar una posible intervención de Estados Unidos, tal como lo fue a hacer Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, dirigente nacional de las ruinas que quedan del PRI; o de los alicaídos del PAN que se empeñan en ir, junto al PRI, al basurero de la historia, al acudir también a la Unión Americana a buscar la intervención del energúmeno que hoy habita la Casa Blanca.
Pero contra estas posturas, habría que revisar todo lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar este flagelo que tanto dolor le ha generado a la sociedad mexicana.
Con el gobierno de la presidenta Sheinbaum se inició una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas, y brindar cercanía y apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos.
Para ello, y con base en metodologías científicas y de análisis de datos, se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como de las tareas de búsqueda generalizada.
En el año 2025, y a partir de los hallazgos en el rancho Izaguirre, la presidenta instruyó fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar las Leyes de Desaparecidos y de Población, en coordinación con los colectivos de búsqueda de personas.
En julio de 2025 fueron publicados los Decretos de reforma a estas leyes que establecen:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La creación de la Plataforma Única de Identidad.
La obligación de que los estados cuenten con Fiscalías Especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado.
La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas.
Desde su creación, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394 mil 645 casos. Aunque su creación es de 2018, el Registro incluye casos de 1952 a la fecha.
El 66 por ciento, 262 mil 111 personas ya han sido localizadas; y de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito. Por otro lado, de 2006 a la fecha, hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas.
De dicho registro 46 mil 742, el 36 por ciento del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31 por ciento del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización.
En tanto, 43 mil 128 registros, el 33 por ciento del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación.
Es de destacarse que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio, 66 son localizadas. De ellas: en 92 de cada 100 casos se localiza con vida y en 96 de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.
Con la Alerta Nacional de Búsqueda, desde el momento que una persona es reportada como “desaparecida” ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea a la Fiscalía General de la República, las 32 Fiscalías Estatales, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda, la Guardia Nacional, las Policías, y puntos estratégicos como: aeropuertos, terminales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles.
Actualmente, participan en esta alerta: 512 instituciones públicas, sociales y privadas. La difusión de esta alerta se extiende a centros educativos, restaurantes, hoteles, aeropuertos y terminales de autobuses.
A partir de las reformas implementadas por la presidenta Sheinbaum, es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación en las Fiscalías, de tal manera que es obligatorio investigar y evitar la impunidad.
También se cuenta con la garantía de la coordinación entre las Comisiones de Búsqueda, las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República. Y la incorporación de las Comisiones Estatales y Nacionales de Víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Las desapariciones forzadas representan una problemática que nos sigue doliendo como sociedad y, de ninguna manera, todos los esfuerzos que se están realizando por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podrán considerarse suficientes, mientras cada día escuchemos en las noticias que siguen suscitándose dichas desapariciones.
Pero en principio es importante reconocer que el problema existe y no sólo basta preocuparse, sino ocuparse para avanzar en la solución de una situación que inició a partir de la irresponsable “guerra contra el narco” declarada en diciembre de 2006 por Felipe Calderón, cuando inició un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada.
Periodista considerado obrero de la tecla, identificado con la izquierda mexicana y apoyador de la 4T
