Ciudad de México. El Congreso de México ha iniciado un período extraordinario de sesiones, una medida excepcional que permite reactivar los trabajos legislativos y aprobar leyes pendientes fuera de los períodos ordinarios (septiembre a diciembre y febrero a abril). Durante este lapso, se analizaran y, en su caso, aprobaran alrededor de 20 reformas legales, según lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre las iniciativas clave se encuentran reformas relacionadas con la desaparición forzada, un compromiso de la presidenta Sheinbaum, y la institucionalización de la Guardia Nacional, que pasaría a formar parte de la defensa nacional. También se debaten la Ley de Inteligencia e Investigación y reformas a la Ley de Telecomunicaciones, ambas calificadas como las más controvertid
Reorganización de CONEVAL y el INEGI
Una de las reformas aprobadas busca transferir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). CONEVAL, un órgano independiente formado durante la administración de Vicente Fox, tenía la función de investigar y calificar los programas sociales del gobierno federal, particularmente la medición del combate a la pobreza. Sin embargo, sus funciones se repetían con las del INEGI, que de hecho ya había ejercido estas responsabilidades en el pasado.
Controversia en la Ley de Inteligencia e Investigación
La Ley de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, orientada a combatir delitos de alto impacto, ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado para su revisión. La oposición ha acusado que esta ley permitirá al gobierno “vigilar a todo el pueblo” y representa una “amenaza directa al derecho a la privacidad de los ciudadanos”.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado categóricamente estas afirmaciones, asegurando que la nueva ley “no busca intervenir conversaciones privadas ni vigilar a la ciudadanía”, sino que será una “herramienta legal para combatir los delitos de alto impacto y localizar a personas desaparecidas con mayor eficacia”. La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, ha ratificado que la reforma “en ningún momento invade la privacidad, datos personales ni entrará en conversación de particulares”, y que “no se le podrá dar ningún uso político por los candados con los que se cuenta”.
Se ha enfatizado que, a diferencia de gobiernos anteriores (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, PRIAN) que supuestamente realizaban espionaje político ilegal (incluso contratando empresas como Pegasus o vigilando sin orden judicial), esta nueva ley busca regular el acceso a datos cuando sea estrictamente necesario y en el contexto de una investigación contra delincuentes. Su objetivo es mejorar las herramientas para perseguir la delincuencia organizada, asegurando que las carpetas de investigación contengan toda la información necesaria para evitar la liberación de delincuentes por falta de pruebas. Además, permitirá reducir el tiempo de respuesta para la búsqueda de personas desaparecidas, actuando de inmediato en lugar de esperar 72 horas, con el fin de localizarlas en un plazo de 24 a 48 horas.
La ley establece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual coordinará las tareas de investigación. El CNI podrá acceder de manera “restringida y directamente” a través de la Plataforma Única de Identidad (que se creará con esta ley) a información de diversos registros administrativos, incluyendo datos vehiculares, biométricos, telefónicos, de propiedad, comercio, fiscales, de armas de fuego, servicios de seguridad privada, personas detenidas, servicios financieros, bancarios, transporte, salud y telecomunicaciones. Es crucial destacar que esta facultad se ejercerá en el contexto de una investigación sobre un presunto delincuente, no de manera indiscriminada sobre cualquier ciudadano.
Polémica por la Ley de Telecomunicaciones y el Artículo 160
Conjuntamente con la ley de inteligencia, se están reformando aspectos de la Ley de Telecomunicaciones. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, ha señalado que el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones faculta al gobierno para pedir a las compañías telefónicas la geolocalización en tiempo real de cualquier persona sin orden judicial, lo que califica como una herramienta para “espiar a cualquier persona”.
No obstante, la presidenta Sheinbaum ha refutado estas acusaciones, reiterando que es “falso que esta legislación pretenda censurar o espiar a la población”. La mandataria ha explicado que la ley busca integrar un sistema de información actualmente disperso entre distintas dependencias para facilitar el trabajo de las autoridades, y ha subrayado que “los lineamientos legales para intervenir comunicaciones no se modifican y que se seguirá requiriendo la utilización de un juez para ello”. El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peñamerino, también ha descartado que la nueva ley represente un mecanismo de censura o persecución, y ha mencionado la eliminación del controvertido artículo 109, que supuestamente otorgaba facultades para censurar o cerrar plataformas digitales.
El gobierno de la 4T acusa a la oposición de promover “mentiras con fines políticos” y “mucha hipocresía” para justificar el discurso de que el gobierno “censura y persigue a las personas”. La presidenta ha concluido que, si bien “no espiaremos a nadie”, estas leyes “permitirán llegar más pronto a quien comete un delito o localizar a una persona desaparecida”, con el objetivo de disminuir los delitos. Ambas cámaras legislativas continúan trabajando para sacar adelante la veintena de iniciativas enviadas por la presidencia.